Aurora Roja Nº44: Resumen Semanal

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Nueva candidata entra en la carrera presidencial.

Mediante entrevista en La Tercera la Presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, anunció su disponibilidad para competir en las elecciones presidenciales.

¿Qué proyecto tiene la DC? Claramente, de partido socialcristiano no le queda nada (quizás un par de militantes denominados “chascones” que ya corrieron a sumarse a la campaña de Alejandro Guillier). Lo defendido en los gobiernos post-dictatoriales ha sido un conservadurismo en lo moral y neoliberalismo en lo económico. Sus posiciones políticas son más cercanas a la UDI que a la de los movimientos sociales. Defienden a los empresarios y atacan cualquier atisbo de reforma, incluso las mediocres reformas realizadas por el gobierno de Michelle Bachelet. Son lobistas de los colegios particulares subvencionados, de las empresas pesqueras y de la Iglesia Católica, pero sólo en aquellos aspectos morales, porque ni las recomendaciones papales en materia económica parecen escuchar. Los hermanos Walker parecen voceros de las empresas. Y para rematar en esta primera entrevista Carolina Goic ha puesto en la palestra sus prioridades: frenar la delincuencia. Aun cuando estamos en el país más seguro de América Latina, sus prioridades son las mismas que las de los candidatos de la derecha que se asumen como derecha.

Esperemos que sigan las recomendaciones de Mariana Aylwin y se presenten en las elecciones directamente y no compitan en lista única. Mientras menos representación política tenga la Democracia Cristiana en toda institución pública es mejor para el país. Su autodenominación como partido de “centro” no es más que una forma de esconder su verdadero ADN de estos últimos años: ser un partido servil a la clase dominante. Mejor lobo sin disfraz, que lobo vestido de oveja.

Huelga en Minera La Escondida continúa

La intransigencia patronal de BHP Billiton continúa. A pesar de que los trabajadores del Sindicato de Minera La Escondida aceptaron participar en la instancia de diálogo convocada por la Dirección del Trabajo, la patronal decidió restarse de la reunión quedando agendada para el lunes 20 de febrero. El sindicato insiste en sus tres puntos mínimos para negociar: (i) mantener los beneficios que ya tienen; (ii) no incluir cláusulas discriminatorias, es decir, que los beneficios sean aplicables a los futuros trabajadores de la empresa y; (iii) no hacer uso de las horas de descanso para producir más.

La semana estuvo marcada por acusaciones cruzadas. Los trabajadores han denunciado que la empresa querría extender la huelga en virtud del crecimiento que obtendría mediante la especulación con el precio del cobre, como también han denunciado la ilegalidad en la autorización de proyectos mineros de BHP Billiton, los cuales a pesar de no cumplir la normativa ambiental, habrían sido aprobados por las autoridades. Como contrapartida, la empresa denunció a tribunales la mala fe del sindicato en la negociación colectiva ante el no cumplimiento de servicios esenciales y la obstaculización de los accesos a la mina a trabajadores que no se encuentran en huelga.

Tribunales declaró admisible la demanda, ordenando como medida precautoria el cumplimiento de servicios esenciales, que la Inspección del Trabajo determinó en 80 trabajadores (empresa pedía 120 y sindicato 20). Sin embargo, se declaró incompetente para intervenir con Fuerza Pública el campamento minero. Esperemos que la movilización de los trabajadores termine en buen puerto y ganen sus justas demandas.

Elecciones Presidenciales en Ecuador: la izquierda triunfa en la “Batalla de Stalingrado”

Después de 10 años de la Revolución Ciudadana liderada por Rafael Correa en Ecuador, este fin de semana se realizaron las elecciones presidenciales para definir la continuidad del gobierno bolivariano, encabezado esta vez por Lenin Moreno, o un giro nuevamente al neoliberalismo.

La campaña electoral ha estado marcada por la guerra sucia en la que los medios de comunicación serviles a los grandes grupos económicos son grandes actores. Los mismos que tenían a un país en crisis hace 10 años atrás critican la gestión de Correa, planteando volver a lo mismo de antes. El Gobierno Ecuatoriano ha tenido aciertos en materia social y económica, reduciendo la pobreza del país, logrando soberanía energética, grandes obras de infraestructura, mejoras considerables de la educación pública, una Constitución que garantiza derechos sociales e incluso derechos de la naturaleza. Sin embargo, con el pasar del tiempo fue escindiéndose de movimientos sociales importantes, como lo es el Movimiento Indígena (CONAIE) y Movimiento Feminista (adoptando políticas que atentan contra la autonomía reproductiva de la mujer).

Con todo, el triunfo de Lenin Moreno es importante para las izquierdas latinoamericanas pues constituye un hito que pone freno al avance de la derecha, que ha llegado al Estado por vía electoral y por golpes blancos. Frente al denominado “fin del ciclo progresista”, estas elecciones se erigieron como la “Batalla de Stalingrado” (Atilio Borón), que puede marcar un punto de retorno de los gobiernos bolivarianos y progresistas.

Será importante que el Gobierno Ecuatoriano se abra nuevamente a los movimientos sociales y no profundice prácticas de antaño, como la gran dependencia económica de potencias extranjeras (ahora es el endeudamiento con China) y pueda poner freno a las políticas extractivistas que degradan la Amazonía, profundizando a su vez las transformaciones sociales en beneficio del pueblo ecuatoriano.

Los resultados oficiales no estaban disponibles al finalizar esta edición de Aurora Roja, por lo cual no sabemos si Lenin Moreno alcanza el 40% de los votos para triunfar en primera vuelta. Sin embargo, el triunfo electoral es rotundo, pues le lleva una distancia de más de un millón de votos al candidato de la derecha, Guillermo Lasso. Esta cifra es prácticamente irremontable en segunda vuelta. Alianza País, partido de Rafael Correa, de esta forma se encamina a triunfar en las presidenciales, se queda con la mayoría de la Asamblea Nacional y gana en el plebiscito que prohíbe a cargos públicos ejercer si tienen bienes en paraísos fiscales.

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