Crisis del Sistema de Salud: La enfermedad del negocio, o el negocio de la enfermedad (I)

Por Nicolás Orozco

La Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), firmada en 1946, afirma que ‘’el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social’’.

Al pensar en la última condicionante, es decir, lo socioeconómico, y al analizar la realidad actual de la salud de nuestro país, no es para nada aventurado afirmar que ser una persona residente en Chile y no poseer un nivel socioeconómico acomodado, te alejan de dicho goce del grado máximo de salud. Esto sucede aún considerando la notable alza que tuvieron los indicadores de salud de Chile durante el siglo pasado, lo que podemos atribuir a la organización que fue tomando el sistema sanitario, y el enfoque que los distintos gobiernos y el pueblo le fueron dando a la salud: Era vista como un bien social, donde tras años de organización y presión por parte de ciertos sectores de la sociedad, el Estado tenía un rol preponderante en asegurar una buena salud de la población.

Se preguntarán ¿Qué nos llevó desde tal momento histórico (salud como bien social) hasta la deplorable situación actual (salud como bien mercantil)? La respuesta no es para nada difícil: Una dictadura cívico militar de 17 años que impuso a la fuerza un modelo económico y que transformó el sistema de salud en uno disgregado y mercantilizado, sumado a la complicidad de los gobiernos de la Concertación y de la Alianza, ambas coaliciones obedientes a los intereses empresariales, que no sólo se encargaron de administrar y profundizar el modelo heredado de la dictadura, sino que llevaron a cabo todo un aparataje ideológico en distintos aspectos, lo que llevó a que durante años la mayoría de las personas no tuvieran en su sentido común el instinto de pelear por lo justo.

Es necesario tener claro las maneras con que el negocio de la salud opera, a modo de saber qué enfoque deben tener las políticas públicas en salud para erradicar la organización actual del sistema y, sobre todo, para saber con qué objetivos debemos organizarnos, y contra qué estructuras e instituciones debemos movilizarnos con el debido proceso de acumulación de fuerzas en el movimiento social por una salud digna.

La irrupción de las ISAPRES

Las Instituciones de Salud Previsional, o más conocidas como ISAPRES, son empresas aseguradoras privadas que nacen el año 1981, en medio de una dura crisis económica sufrida por parte del modelo económico de los Chicago Boys y que obligó a disminuir gran parte de los recursos destinados a lo público, lo que incluía un recorte en salud. Nacieron gracias al Decreto con Fuerza de Ley N°3, que dio origen a un cambio trascendental en el sector, y que en 1983 comenzó a poner en práctica una nueva premisa: Debido a ‘’la poca y nula capacidad del sector público para administrar recursos y gestionar servicios’’ (argumento infaltable de quienes defienden el neoliberalismo), se instauraba el sistema privado de salud, donde a los trabajadores y trabajadoras se les comenzó a dar la ‘’libertad’’ de elegir hacia dónde destinaban el 7% de su sueldo que obligatoriamente debía ser cotizado en el rubro de salud. Podían elegir destinarlo al sector público, representado en FONASA (Fondo Nacional de Salud, que es el asegurador público), y arriesgarse a una mala administración de su dinero por parte del Estado, o bien depositar esa parte de su sueldo en las ISAPRES, con la opción de aportar un monto adicional de su sueldo.

Es interesante ver cómo históricamente la derecha y el empresariado usan la libertad como argumento para poder llevar a cabo sus negocios e intereses particulares, cuando en la práctica, esa libertad no es tal, debido a que sólo la tienen quienes tienen el poder adquisitivo suficiente. Esto lo podemos ver reflejado en la actualidad, más de 30 años después de que se impuso el sistema mixto en salud. Un 16% de la población está afiliada a alguna ISAPRE, mientras que los afiliados a FONASA llegan a un 76% de la población, donde un 72% de los que cotizan en el sistema privado perciben sueldos mayores a $700.000, y un 51% de los afiliados a la aseguradora pública tienen ingresos menores a $250.000 (Punto Final, 2016). Esto determina que más del 50% de los recursos que salen del 7% de cotización obligatoria está destinado a un sistema que debe proveer la salud a menos de un quinto de la población total.

Más que hacer un contraste entre el sistema público y el privado, tarea que es necesaria sin duda alguna, el objetivo ahora es mostrar que el privado funciona como un monopolio, y como un negocio cuyo fin último es lucrar con la salud y enfermedad de las personas. Monopolio, ya que de las siete ISAPRES abiertas del país, es decir, que atienden público general, cinco concentran el 92% de los afiliados (Asociación de Isapres, 2014), esto considerando que desde la década de los 90’ en adelante, fueron varias las ISAPRES que se dieron el lujo de absorber a las aseguradoras más pequeñas, concentrando el negocio para sí (libre mercado en todo su esplendor). Y negocio cuyo fin es lucrar, en el sentido de las monumentales utilidades que perciben año tras año. Por ejemplo, durante 2015 promediaron una ganancia mayor a $37.000 millones de pesos, y eso que no fue un año tan suculento, ya que las ganancias disminuyeron en un 37,8% con respecto al 2014 (Superintendencia de Salud, 2015).

De este modo, el campo de la salud se ha transformado en una mina de oro para quienes buscan un negocio rentable, cosa que ha recibido total rechazo por parte del pueblo chileno. Según el Plebiscito Nacional por la Salud hecho en 2012 llevado a cabo por la Mesa Social por la Salud de Chile, un 93% de las personas rechaza que las instituciones de salud tengan fines de lucro (como sí lo tienen las ISAPRES y las clínicas). Y por el otro lado, está el presidente de las ISAPRES, viviendo su propio mundo al afirmar que ‘’si desaparecieran las ISAPRES, la gente saldría a marchar a las calles’’. Y la situación es peor, ya que no sólo se extrae dinero a las personas, sino que se han instalado los mecanismos para que el cheque de fin de mes tenga aún más ceros, por ejemplo, mediante el mecanismo de integración vertical (negocio de los ‘’holdings’’), o los subsidios del sistema privado a partir de los recursos públicos, de los cuales hablaremos más adelante.

Clínicas privadas y holdings de salud

Si bien las ISAPRES podrían considerarse los entes articuladores en el negocio de la salud, hay otros rubros que han logrado hacer de la salud un bien mercantil, y de manera muy eficaz. Claro ejemplo es el de las clínicas, prestadoras privadas que son fiel reflejo de la concepción monetaria que se tiene de la salud hoy en día. Es sólo cosa de ir a algunas clínicas para constatar que están diseñadas no como un centro asistencial, sino que como un centro comercial, donde además de cobrar excesos por una atención en salud, buscan ganancias mediante cosas dignas de un mall: estacionamientos caros, cafeterías ostentosas, tiendas de regalo, entre otras.

Según un informe hecho por la asociación gremial Clínicas de Chile, durante el 2015 las clínicas percibieron ganancias por sobre los $55.000 millones de pesos, lo que es incluso más que las utilidades de las ISAPRES durante ese año. Todo esto mientras la salud pública pasa a través de una grave crisis: En 2015, la deuda hospitalaria de los servicios de salud llegó a la cifra de $255.131 millones de pesos (DIPRES, 2016). Se demuestra entonces el abandono que se tiene del sector público, y lo consentido que se ve el sector privado con el actual funcionamiento del sistema. Si sumamos las ganancias anuales que presentan las clínicas con las que perciben las ISAPRES durante unos 3 años, podríamos llegar a acercarnos a una cifra que pueda paliar esa gran deuda (aunque no se debe obviar el hecho de que el mencionado déficit no es algo fortuito, sino que es consecuencia de la mala organización del sistema, y el abandono estatal, entre otras causas).

Una manera en que las aseguradoras privadas y las clínicas se han relacionado de manera directa, es a través de los ‘’holdings de salud’’, donde mediante un mecanismo de integración vertical, los dueños de las empresas aseguradoras son también poseedores de los prestadores privados, llevando a que el cobro excesivo de las ISAPRES represente la ganancia de las clínicas privadas. Por ejemplo, está el holding Banmédica, dueño de las ISAPRES ‘’Banmédica’’ y ‘’Vida Tres’’, que concentran el 26% de los cotizantes del negocio privado, y que en 2015 percibieron utilidades cercanas a los $45.000 millones de pesos (La Tercera, 2016). Este holding es dueño también de 8 prestadores privados de salud, donde encontramos por ejemplo a la Clínica Santa María. Cabe destacar que el mayor accionista de este consorcio es el grupo Penta, controlado por Carlos Alberto ‘’Choclo’’ Délano y Carlos Lavín, los mismos empresarios que a punta de coimas y magnos sueldos, tenían la lealtad de numerosos políticos que elaboran la legislación de nuestro país y definen nuestro devenir como nación y que, por ende, tiene influencia en la legislación en torno a las políticas financieras de salud. Si esto no es un claro ejemplo de la relación entre poder económico y poder político, entonces no sabría decir qué es. Lo que sí es claro que no representa, es que las clínicas y las ISAPRES existen porque se preocupan del bienestar de la población, porque esta afirmación es una simple mentira demostrada por los datos ya expuestos.

Sector público desfinanciado por culpa del sector privado

Ya vimos que los principales organismos del sistema privado de salud (clínicas e ISAPRES) tienen como principal objetivo el conseguir la mayor ganancia a partir de la salud y enfermedad de las personas, sin importar si es que los servicios entregados son los justos y necesarios. Mientras más exámenes se les puedan hacer a las personas, mejor para los prestadores, ya que así el dinero recaudado es mayor aún. Sin embargo, ese no es el único hecho que pueda considerarse deprimente e injusto, ya que a los empresarios del sector privado del sistema les gusta conseguir ganancias como sea, venga de donde venga. Es así como la dictadura y los gobiernos en democracia han establecido los mecanismos legales que le permiten a los privados extraer recursos de las arcas fiscales.

Tal como describen Matías Goyenechea y Danae Sinclaire, directivos de la Fundación Creando Salud, tanto las ISAPRES como las clínicas han accedido a estos no menores ‘’subsidios estatales’’. Por su parte, las ISAPRES lo han hecho mediante un subsidio que recibieron entre 1986 y 2002, cuyo objetivo fue en un principio fomentar el desarrollo del sistema de seguros privados de salud (y así aumentar el grado de ‘’libertad’’ de las personas) y que apuntaba a cubrir la cotización de los afiliados que tuvieran ingresos menores al costo de los planes de salud. Gran grito al cielo pusieron los dueños de estas empresas cuando el gobierno de Frei optó por eliminar este subsidio y dar esos recursos a FONASA.

Por otro lado, las clínicas y prestadores privados han absorbido recursos del fisco mediante varios mecanismos. Los principales son:

  • Modalidad Libre Elección (MLE): Mediante este mecanismo, personas afiliadas a FONASA puede comprar bonos para atenderse en clínicas privadas, en contraposición a la Modalidad de Atención Institucional (MAI), mediante el cual las personas se atienden en hospitales públicos. Entonces, el MLE consiste en que el Estado le subsidia una parte del bono a la persona de FONASA, y el resto debe salir del bolsillo de quien busca la atención. ¿Quién gana? El prestador privado. Por ejemplo, sucede que por ‘’consulta médica de especialidades’’ por medio de este mecanismo, a los privados se les paga $11.730, de los cuales $4.690 provienen del copago del paciente, mientras que la misma atención en un hospital público tiene un costo de $4.950 (Goyenechea, 2012).

  • Compra de prestaciones: Estas compras de servicios deben hacerse a modo de cumplir con las prestaciones que el plan AUGE/GES debe otorgar, pero que muchas veces en el sector público no se puede cumplir la demanda. En esos casos, el sector público se ve obligado a comprar servicios al sector privado, donde claramente los costos son mucho mayores.

  • Bono AUGE: Política de salud implementada en el gobierno de Sebastián Piñera, cuyo objetivo primordial era disminuir las listas de espera en las patologías GES, y esto mediante la compra de servicios a prestadores privados, y obviamente, a precios elevados. Sin embargo, las listas de espera, ya sean GES o no GES, no han mostrado mejoras sustantivas desde la implementación de esta política pública, que con un manto argumentativo de ‘’dar eficiencia al sistema’’, no hace más que seguir perpetuando el negocio de la salud.

Estos tres mecanismos han significado una cuantiosa transferencia de dinero desde los recursos públicos al bolsillo de los privados. Tan sólo entre 2005 y 2012, el traspaso llegó a los $6.809 millones de dólares (Goyenechea y Sinclaire, 2013), y esto sin contar otros modos de transferencia, como por ejemplo, la compra de días/cama UTI-UCI, que también representa un alto monto de traspaso de dinero, y mayor aún, considerando el déficit de camas y recursos que presenta el sistema público y que no ha podido tener una solución efectiva. Una pregunta que muchas personas se hacen es la siguiente: ¿Qué tan significativa es esta transferencia? ¿Qué tanto podría servir este dinero al sistema público? Bueno, bastante. Por ejemplo, y basándonos en los datos de la Fundación Creando Salud nuevamente, con los 1.187 millones de dólares que se traspasaron a clínicas privadas sólo el año 2012 se podría haber costeado la contratación de 32.000 nuevos profesionales para la red pública, la construcción de 4 hospitales de alta complejidad o 400 nuevos centros de atención primaria. Suena bastante exagerado, pero lamentablemente, a ese nivel llega la cantidad de recursos que el sector privado absorbe de las arcas fiscales.


Queda claro entonces que hay todo un aparataje legal y una organización institucional que permite que exista un sistema de salud privado, que no se contenta tan sólo con cobrar sobreprecios a sus afiliados para brindarles una atención en salud, sino que se aprovecha del grave déficit del sistema público en variados aspectos (infraestructura, equipamiento y recursos humanos principalmente) y se da el lujo de generar un negocio a partir de los recursos de toda la población chilena. Recursos que, alejándose de su objetivo de brindar salud a las personas, permiten que año a año el negocio de la salud sea uno de los más rentables del mercado.

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