La dictadura destruyó la seguridad social

Extracto de los Fundamentos de la Propuesta “Nuevo Sistema de Pensiones para Chile”, de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores No+AFP.

La Seguridad Social es uno de los avances civilizatorios más importantes de la humanidad. Ante el fracaso e insuficiencia de otras formas de protección ante situaciones de necesidad, como el ahorro, la asistencia, las experiencias mutualistas, el seguro privado, Bismark y sus seguros sociales de fines del siglo XIX crean una nueva forma de tutela, consistente en un seguro obligatorio, de financiamiento tripartito que dio cobertura frente a contingencias determinadas a grupos cada vez más extensos de trabajadores.

La idea de los seguros sociales alemanes se extendió rápidamente en Europa y llegó a nuestro continente en las primeras décadas del siglo XX. Chile fue un país pionero. Desde la primera ley de accidentes del trabajo de 1915, se instalaron seguros sociales que alcanzaron una gran cobertura y, a pesar de sus defectos, dejaron un balance positivo en cuanto instrumento de redistribución más justa de los ingresos.

A mediados del siglo pasado y como respuesta a la completa desarticulación social provocada por las dos guerras mundiales, la idea grupal e inarmónica de los seguros sociales se encamina a una nueva concepción. Se trata de la Seguridad Social, que recoge el fenómeno de la protección social como un deber del Estado que debe atenderse de modo integral y sistemático bajo ciertos principios básicos. Son principios constituyentes, la cobertura a la población, la existencia de planes que cubran las contingencias básicas, la entrega de prestaciones dignas y suficientes, la gestión sin fines de lucro y con participación de los interesados y el esencial: la solidaridad, esto es, el esfuerzo conjunto de toda la comunidad en este propósito tutelar, radicada, por cierto, en la mayor contribución de quienes más pueden en beneficio de los menos pudientes.

Se produce un proceso de consagración del derecho a la Seguridad Social como derecho humano básico a través de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) surgida de la Sociedad de las Naciones y de la firma de declaraciones tan importantes como la Declaración de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de San José de Costa Rica de 1966. Chile es parte activa en este proceso; ratifica una serie importante de Convenios de la OIT que hoy incumple debido a la existencia del sistema de AFP, motivo que le ha impedido también la ratificación de los Convenios 102, de 1952 y 128, de 1967 que son los pilares básicos que definen los requerimientos de un adecuado sistema de Seguridad Social.

Completa este proceso, la incorporación a las constituciones como derecho humano esencial el acceso a protección del Estado, en situaciones de necesidad por alteración de la salud o carencia económica derivadas de incapacidad laboral, temporal o definitiva, de origen común o profesional, vejez o muerte del jefe de familia, al tiempo que se desarrolla la idea de que el Estado actúe preventivamente o, en su caso, de manera curativa o rehabilitadora. Chile se incorpora a este avance constitucional recién en 1970, reforma que resultó totalmente anulada por la Constitución de 1980.

El sistema chileno formado desde principios del siglo pasado, no obstante sus importantes logros, tuvo un desarrollo irregular generador de una profusión de entes gestores y normas reguladoras que hacía imposible modernizarlo de acuerdo a las nuevas concepciones de Seguridad Social emergentes. Se había dado espacio a formas de discutible solidaridad, en que grupos de presión lograron prestaciones preferentes en desmedro de un diseño uniformador y más justo.

Los Gobiernos de Alessandri, Frei Montalva y Allende intentaron modernizar la Seguridad Social, pero salvaguardando siempre su principio esencial: la solidaridad. Incluso en la Dictadura, un sector que se reclamaba de una visión más nacionalista, intentó en 1975 una reforma que respetaba el derecho de los trabajadores a gestionar su sistema de pensiones en entidades sin fines de lucro, con un sistema de reparto que solo complementariamente acogía la idea de capitalización individual.

En 1979 la Dictadura Cívico-Militar, dominada ya por los sectores neoliberales, dicta el decreto ley 2.448 que elimina las pensiones por antigüedad, salvo para FFAA y de Orden que mantienen su sistema de privilegio y uniforma los requisitos para acceder a la pensión de vejez.

Con esa normativa era perfectamente factible normalizar el sistema antiguo, manteniendo el respeto a la solidaridad. Incluso, el analista Rodrigo Cerda ha estudiado que el sistema de reparto antiguo -con todas sus incongruencias-, tenía viabilidad sin necesidad de ninguna reforma paramétrica por cuarenta y cinco años más. Pero, sin embargo, se opta por un camino diametralmente apartado de la Seguridad Social y se instala lo que hoy motiva el drama de los chilenos que han jubilado o se aprontan a pensionarse.

Como modalidad de financiamiento se recurre a la capitalización individual, mecanismo fracasado en el mundo y que no cumple con lo que es esencial a la Seguridad Social, como es la solidaridad. Es unánime en los tratadistas de Seguridad Social el repudio a un sistema que, además de su alto nivel de volatilidad y riesgo, en lo conceptual y práctico castiga a quienes no tienen capacidad de ahorro, reproduce la desigualdad, es perfecto espejo de una sociedad injusta que la Seguridad Social debe orientarse a corregir y no solo a fotografiar.

En las prestaciones se elimina el concepto de prestaciones definidas o aseguradas. Las AFPs no se obligan a otra cosa que a devolver, bajo la forma de pensión, lo ahorrado más su rentabilidad, si la hubiere. Sin embargo, el sistema se vende a la población, entonces bajo una feroz Dictadura, haciendo promesas que han demostrado ser gravemente frívolas y mentirosas. Se anuncia con una publicidad que no era posible contrarrestar, debido al control militar, que el sistema generaría un milagro, otorgaría pensiones cercanas al 70 o 100% del último ingreso con una contribución sustancialmente más baja. Respecto de esto último se fija una cotización del trabajador cercana al 10% de la remuneración mensual, liberando al empleador de toda carga previsional en la materia. O sea, con un costo cercano a la mitad, este sistema “milagroso” generaría pensiones superiores al doble de las que se obtenían.

Los cálculos que se hicieron –si se hizo alguno-, revelan una superficialidad criminal. No se tomó en cuenta la realidad chilena, sino que se construyó en el laboratorio un Chile irreal, absolutamente distante de lo que estaba sucediendo y de lo que podría pasar. Los creadores de esta contrarreforma no podían desconocer que el “Boletín de Estadísticas del Servicio de Seguro Social” indicaba que la densidad impositiva de los obreros era tan baja que impedía a una alta proporción cumplir con los requisitos que imponía la ley 10.383. Nada de esto parece haberle importado a los promotores de las AFPs, si se repara que cometió la crueldad de exigir 20 años para acceder a una pensión mínima con garantía estatal. Estudios previos, ratificados en el Informe Marcel, determinaron que sólo el 2% de las personas que necesitarían pensión mínima, cumplirían tal irreal requisito.

La diferenciación de la edad de jubilación entre hombres y mujeres fue trasladada desde el antiguo sistema previsional al nuevo en la reforma de 1981. No obstante, esta diferenciación tiene implicancias totalmente distintas sobre los beneficios que obtienen las mujeres en ambos sistemas. En efecto, en el antiguo sistema la menor edad de jubilación fue introducida como un beneficio especial, compensatorio del trabajo reproductivo de la mujer. En particular, se buscaba reducir la edad de jubilación en proporción al número de hijos. En aquel sistema, en que las pensiones se calculaban en base a las últimas rentas en actividad, éste era un beneficio real, pues reducía en cinco años el tiempo de trabajo de la mujer sin merma en el monto de su pensión” (Informe Comisión Marcel).

En el sistema de capitalización individual, en cambio, al calcularse las pensiones para que el fondo acumulado cubra el período de sobrevida, una menor edad de jubilación significa una rebaja importante en la pensión, pues el fondo acumulado durante un período más breve debe financiar una pensión durante más tiempo. Esto reduce el monto de las pensiones entre 30% y 40%. Esta importante diferencia sólo se amortiguaría con la protección de la garantía estatal de pensión mínima, en el caso de mujeres que reúnan el requisito de 20 años de cotizaciones. Sin embargo, debido a la magnitud de las lagunas previsionales de la mayoría de las mujeres, esta protección ha terminado siendo muy limitada” (Informe Comisión Marcel).

La idea de los “reformistas” es que se produciría un fuerte estímulo por cotizar por los montos reales y se reduciría la evasión; que la incorporación al mundo laboral sería temprana; que se mantendría un cierto estilo fordista con estabilidad en el trabajo, que las remuneraciones crecerían progresivamente, y que se jubilaría con una alta densidad y con un ahorro sólido multiplicado por rentabilidades notables.

La realidad había sido, era y sería diametralmente distinta. Ya la crisis de 1975, en que se destruyó la industria nacional, generó cesantía y bajos salarios (que influyeron en el cálculo de bonos de reconocimiento subvalorados para quienes se cambiarían al nuevo sistema). La crisis del 82-83 dañó irreversiblemente cualquier esfuerzo de ahorro y capitalización en la década de los 80, con una cesantía que superó el 30 % y con un ataque brutal a los salarios que cayeron en esos años en más de un 20%. Ello, sin considerar, empleos para muchos chilenos bajo la forma extremadamente desregulada y miserable del PEM y POJH.

La ilusión de salarios progresivamente crecientes, por otra parte, también fue una ilusión inexplicable –o burla cruel–, en la medida que el Plan Laboral del mismo José Piñera de 1978 había maniatado al movimiento sindical, severamente reprimido de toda posibilidad de negociación colectiva seria. Es decir, las AFPs fueron instaladas en un contexto de total precariedad laboral, total desregulación y bajo una sistemática represión contra el movimiento sindical que lo dejó en una extrema orfandad y vulnerable a los ataques de la dictadura Cívico-Militar.

Todo lo dicho habla de un sistema de pensiones que carecía de toda seriedad y confirma que la reforma estuvo muy lejos de querer dotar a los chilenos de un sistema de retiro decente. ¿Importaban a los “reformistas” realmente las pensiones? ¿Importaban las personas?

La historia nos indica que se trató de un objetivo subalterno, muy apartado de los reales objetivos del drástico cambio ocurrido en 1981. El verdadero objetivo de la reforma de 1980 fue, ni más ni menos que el de llevar a cabo la más osada, cuantiosa y espectacular privatización: “la del manejo de los recursos previsionales”, y colocarlos al servicio del desarrollo del mercado de capitales. El inmenso volumen de recursos con que operaba el sistema antiguo de pensiones pasó a ser gestionado por privados, a través de administradoras con fines de lucro y compañías de seguros, también privadas y con la finalidad de obtener ganancias.

Lo realmente novedoso fue que la Reforma de 1981 quebrantó la normativa de los convenios de la OIT -ratificados por Chile-, que impugnaban la intervención del lucro en la gestión de la Seguridad Social. La misma violación efectuó al eliminar del todo el aporte empresarial, previsto como esencial en tales convenios y al excluir a los trabajadores de toda injerencia participativa en la administración.

El sistema se fundó en una pretendida competencia que generaría costos razonables de administración para los trabajadores. A poco andar, la pretendida competencia se demostró que no era sino una falacia y las AFPs desde 1981 han cobrado comisiones explícitas y ocultas que desbordan lo imaginable. Mientras los sistemas de Seguridad Social se mueven en costos de administración que fluctúan entre un 5% a un 10% de sus ingresos por cotizaciones, las AFPs ante la indolencia de las autoridades, han cobrado para administración, entre un 20% a 30 % de lo que se ingresa por cotizaciones. Este cobro escandaloso explica sus groseras utilidades.

Aparte de esta verdadera expoliación, gran parte de los pensionados ha debido soportar otro capítulo de expropiación de su patrimonio: el pago de los gastos de comercialización, publicidad, administración y ganancias de las compañías de seguros en el caso de rentas vitalicias.

Puede afirmarse que los trabajadores han pagado en estos 35 años inútilmente parte importante de su esfuerzo previsional en enriquecer a AFPs y Cías. de seguros. Una destinación de esos mismos recursos a un sistema que no se hubiera apartado de la Seguridad Social y no hubiera transformado las pensiones en un negocio, nos tendría, sin lugar a dudas, en una situación sustancialmente mejor.

Pero la privatización no se hizo solo para abrir un nicho de negocios a grandes empresas –cinco de las seis AFPs están hoy en poder de transnacionales–, sino para que el dinero que antes manejaba el Estado en su fin propio –financiar pensiones-, se inyectara a un mercado de capitales incipiente y generara para las grandes empresas un acceso al crédito barato.

Si se mira con perspectiva la Reforma de 1981 lo que se pretendió y logró fue privatizar el manejo de los cuantiosos recursos previsionales, rebajar sustancialmente el costo de la mano de obra estableciendo una ventaja comparativa -la mayor explotación del trabajador–, para competir en la nueva estrategia de apertura del comercio, excluir a los sindicatos y otras organizaciones del tema previsional, transformándolo en una cuestión estrictamente individual y entregar un sistema de pensiones basado en cálculos irreales , falacias y propaganda que hoy muestra su quiebra social.

Y no es todo. Chile tenía un sistema de pensiones por reparto en estado de régimen, maduro, que debía seguir siendo financiado. Se agregaba a ello que los militares, desvergonzadamente, se habían auto excluido del sistema que imponían al resto de los chilenos, manteniendo un sistema privilegiado de altísimo y creciente costo, debido a las formas de cálculo preferentes de pensión, el carácter marcadamente prematuro de las jubilaciones, y un sistema de pensiones de sobrevivencia muy favorable, totalmente a tono con la realidad del Siglo XIX.

Para concluir, con la baja brutal del costo de las cotizaciones, publicidad desmedida e imposible de contrarrestar e imposición incluso directa, más de un millón de afiliados del sistema antiguo se traspasó a las AFPs generando al Fisco un nuevo ítem importante de gasto, como lo es el pago de los bonos de reconocimiento que pretendían compensar las cotizaciones en el régimen antiguo de los que se cambiarían a alguna AFPs.

Se trata del denominado costo de la transición. “El gasto originado por la transición iniciada en 1981 (bonos de reconocimiento, déficit operacional y garantía estatal de pensión mínima) llegó a ser casi un 5% anual del PIB en 1984; este gasto ha ido disminuyendo a medida que se han pagado la mayor parte de los costos asociados al cambio del sistema. En valor presente, el costo de la transición fue estimado en el equivalente a 136% del PIB de 1981y ha sido asumido por el Estado mediante una combinación de reformas tributarias, recortes de gastos y emisión de deuda. El gasto para cubrir el déficit operacional llegó a 1,6% del PIB en 2012 (Informe de Finanzas Públicas de 2014) y se espera que al 2025 los gastos de tipo transitorios disminuyan al 1% del PIB, según proyecciones de la DIPRES. El costo total de la transición de la reforma estructural se proyecta a 2,7% del PIB en 2025 y no desaparecerá hasta 2050, tomando 70 años para extinguirse, más que las proyecciones originales”.

Este costo en definitiva lo han soportado las mismas generaciones que hoy, observan con espanto sus bajas pensiones, por la vía de mayores impuestos o menores servicios del Estado. Basta recordar cómo el Estado en la década del 80 deterioró sensiblemente los servicios públicos, al tiempo que fue de manifiesta inactividad en mantención y construcción de infraestructura.

En términos concretos, estas generaciones han soportado desde 1981 un doble esfuerzo, soportar el altísimo costo de la transición y ahorrar para su propia pensión. Es un elemento más de legitimidad de sus demandas por pensiones dignas.

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