Verdaderos y falsos avances en la negociación colectiva

Defensoría Popular de las y los Trabajadores

Con la entrada en vigencia de la ley N°20.940 pareciera que se termina de consolidar un proceso caracterizado por poner al descubierto diversas cuestiones: por un lado, el fracaso de la política del consenso con el gobierno y los empresarios impulsado por algunas organizaciones de trabajadores; por otro, el poco peso e invisibilización de organizaciones críticas de la reforma. A nivel general, el diagnóstico es el mismo: sigue la crisis que atraviesa el movimiento de trabajadores y trabajadoras en Chile.

Todo esto ocurre mientras desde el gobierno se muestra la reforma laboral como un avance para garantizar los derechos de las y los trabajadores y se invita a todos los actores laborales a implementarla de la mejor manera, obviando los conflictos que se vienen suscitando hace meses a propósito de la determinación de los servicios mínimos que serán utilizados por los empleadores para seguir manteniendo la producción aun cuando los trabajadores estén en huelga. Esto, sumado al desarrollo del debate en torno al fallo del Tribunal Constitucional en materia de titularidad sindical y lo señalado por la Dirección del Trabajo sobre el tema, han quitado el foco en una materia de especial relevancia para la reforma: la negociación colectiva.

Sobre este punto, se ha señalado que con la nueva legalidad se robustece este derecho, a través de la ampliación de los sectores que pueden negociar (nuevos procedimientos y eliminación de algunos trabajadores excluidos de negociar) y el piso mínimo en la negociación, lo que, acompañado de reformas a la información para la negociación y ampliaciones de materias de negociación, generan -a juicio del gobierno- un mejor sistema de negociación colectiva.

Pasando a lo concreto, salta a la vista que estamos lejos de reales avances en esta materia. En primer lugar, la negociación se vuelve más complicada por su excesiva reglamentación y potencialidad de judicialización. Si antes la negociación empezaba 60 días antes del término de vigencia del contrato colectivo, ahora, en la práctica comienza mucho antes con la determinación de los servicios mínimos y equipos de emergencia.

En segundo lugar, tenemos un piso mínimo de cartón. En cuanto a la supuesta posibilidad de resguardar algunos puntos básicos en el proceso de negociación a través del “piso mínimo”, no hay mucha efectividad, pues se excluyen del piso mínimo todas aquellas materias que impliquen reajustes.

En tercer lugar, se amplía sólo en texto el derecho a negociar colectivamente a los trabajadores de obra de faena. Estos trabajadores podrán negociar, pero sin fuero laboral y y sin derecho de huelga, haciendo que en la práctica se consagre el derecho a negociación pero sin una forma de hacerlo verdaderamente efectivo y sin mecanismos de protección de los trabajadores que lo ejercen. En el caso de los sindicatos interempresas, vemos como los quórums exigidos terminan por establecer una negociación colectiva por empresa disimulada, toda vez que se requerirá cumplir con dichos números para que la negociación sea obligatoria para el empleador.

Aún con todo lo dicho, el problema pareciera ser otro: no es solo que los “triunfos” de la reforma en realidad son consagración de derechos de papel que nada aportan a robustecer los derechos de las y los trabajadores o definitivamente son retrocesos respecto del ya débil sistema de negociación que regía en nuestro país, sino que el problema radicaría en que ninguno de los puntos críticos de este derecho fueron alterados.

Mientras se mantenga la negociación colectiva restringida al ámbito de la empresa, la organización sindical seguirá negociando -como ya lo viene haciendo, con malos resultados, por cierto- dentro del estrecho marco económico que ésta dicta. Mientras no se consagre de manera efectiva la titularidad sindical -cuestión que se “logró” a punta de descoordinación en la tramitación- se seguirá desincentivando la organización de trabajadores. Mientras se siga prohibiendo negociar materias relacionadas a la potestad de mando y organización empresarial del empleador, se seguirá impidiendo a las y los trabajadores avanzar hacia la democracia económica en la empresa y en formas de participación reales (más allá de “ponerse la camiseta por la empresa”) de los trabajadores en la organización de ésta. Mientras no exista negociación colectiva por rama de la economía, menores posibilidades de construir una verdadera fuerza capaz de negociar en igualdad de condiciones con los patrones, muchos de ellos ya organizados de esta manera.

En resumen, mientras siga reproduciéndose en nuestro país trabajo precario, menores posibilidades de organización y más aún de negociación y huelga (ya debilitada en la reforma para los trabajadores subcontratados, por ejemplo).

Finalmente, hay que decir que cualquier avance legal se queda corto sin la organización y movilización de las y los trabajadores. La necesidad de compatibilizar estos medios es radical, especialmente hoy cuando vemos que incluso las organizaciones sindicales más fuertes no están siendo suficientes para hacer frente a procesos de conflicto más prolongados con el gran capital. Se hace más necesario que nunca organizarse no solo desde el propio sindicato para los procesos de negociación y huelga -cuestión básica, por cierto- sino que extender y estrechar lazos hacia espacios más amplios de encuentro, apoyo y lucha de las y los trabajadores. La articulación de las y los trabajadores es entonces la apuesta y será el real avance en el panorama actual del trabajo.

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