Nacer engrillada, vivir entre barrotes

Por Sergio Faúndez, Director Leasur

El día 13 de octubre de 2016 Lorenza Cayuhán, embarazada y presa del CDP Arauco, fue llevada de urgencia, en un taxi colectivo, hacia el hospital regional Guillermo Grant. Debido a su delicado estado de salud y la falta de camas, fue finalmente derivada a la Clínica de la mujer Sanatorio Alemán en Concepción. En todos los recorridos entre los recintos hospitalarios, se le mantuvo engrillada, sin importar los 7 meses que llevaba gestando.

Así, entre cadenas y grilletes nació Sayén, su hija. En un parto con malos tratos y poca preparación, que fue además observado por un funcionario masculino de Gendarmería que, ante la falta de protocolo y al temor de una eventual fuga, creyó que lo correcto era permanecer en la sala.

Ahora, a meses de su nacimiento, el máximo tribunal del país decide que Lorenza y Sayén deben volver a la prisión. Para los ministros y las ministras de la Tercera Sala de la Corte Suprema no se encuentra en condiciones de impetrar las providencias necesarias para restablecer el imperio del Derecho. Los argumentos, al final del día son, que Sayén fue dada de alta al tener un peso normal, que no requiere de cuidados permanentes de su madre y que el CDP Arauco contaría “con las instalaciones mínimas para recibirlas”. Señalan, entonces, que el traslado es algo inminente ante lo cual la Justicia no tiene nada que hacer.

A nuestro parecer, esto resulta un análisis limitado de la situación que trasciende al caso de Lorenza y Sayén. Este no es un caso aislado en el mundo penitenciario, sino que es una realidad al interior de las cárceles el hecho de que el embarazo y el parto se lleven en malas condiciones. Las medidas coercitivas, los malos tratos, la falta de atención médica y el régimen interno son cuestiones que miles de mujeres han debido soportar durante años tras las rejas. Todas estas son circunstancias de las que la sentencia no se hace cargo, limitándose a corroborar si Sayén se encontraba en peso normal o si la cárcel cuenta con una sección separada con condiciones mínimas, desaprovechando la oportunidad de cuestionar el encierro de niños y niñas menores, y la efectividad de penas privativas de libertad en mujeres bajo condiciones de embarazo o maternidad temprana.

La Corte Suprema pudo ir más allá, develando la falta de perspectiva de género en el diseño de ejecución de penas. Y resulta extraño que no lo haya hecho, cuando las palabras de sus representantes suelen ir siempre en una línea de crítica al sistema de privación de libertad. En un seminario reciente, organizado por el Centro de Estudios de Políticas Públicas de la Universidad Católica, el Presidente de la Corte Suprema, don Hugo Dolmestch, cuestionaba abiertamente la efectividad de la prisión en mujeres, cuando las causas del delito respondían a condiciones distintas que la criminalidad masculina, haciendo un llamado a discutir alternativas en estos casos a la privación de libertad.

Gendarmería de Chile también lo sabe, y así lo ha planteado. Las mujeres embarazadas privadas de libertad, o los niños y niñas de dichas mujeres, resultan un riesgo inminente para sus funcionarias y funcionarios. Saben que, en caso de ocurrir cualquier accidente, las primeras responsabilidades pasaran por la Institución. Con un presupuesto insuficiente y sin capacitación acorde a las necesidades, las condiciones a las que se somete a estas mujeres distan de ser las mínimas recomendadas.

En su programa de género reconoce como problemas de las mujeres las faltas de condiciones de habitabilidad y que la infraestructura no cumple con los estándares mínimos internacionales, además de la falta de acceso de atención de salud para mujeres embarazadas y lactantes [1]. Reconoce también en su Informe de prevalencia de violencia de género en la población femenina de Chile, la falta de una perspectiva de género en la aplicación de un sistema diseñado por y para hombres [2].

En Chile, el 90% de las mujeres presas son madres. Dentro de ellas, las 171 mujeres presas (cifras de Gendarmería de Chile a noviembre de 2016) que se encuentren embarazadas o con hijos o hijas menores a dos años de edad, son destinadas a las secciones materno-infantiles o “sección sala cuna” dentro de la cárcel. Allí es donde cuidan y crían, alejadas de sus familias y núcleos de contención. Allí es donde además viven la pobreza, sin la posibilidad de generar recursos y dependiendo directamente de quienes tengan fuera de la cárcel. En muchos casos no hay nadie y en otros se encuentran también privados de libertad.

Desconoce el Estado la necesidad de atender la criminalidad femenina con un tratamiento diverso al patrón masculino. La construcción androcentrista del sistema de justicia criminal ha provocado un aumento de población recluida femenina en proporciones mayores al aumento de la población masculina. Se ha desconocido por parte del Estado chileno las recomendaciones internacionales sobre la materia que promueven un tratamiento distinto a las presas mujeres tales como las Reglas de Bangkok, las Reglas de Mandela o la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer.

Esto ha provocado además una extensión de la condena hacia los hijos e hijas de aquellas mujeres presas, quienes permanecen con ellas hasta los dos años privados de libertad. Los efectos de la prisionización en edad temprana son diversos: desadaptación social, adquisición de patrones conductuales de encierro, dificultades emocionales, entre otros. Por otro lado, se genera otro evento traumático tanto para el niño o niña como para la mujer, al momento de la separación. El desprendimiento y desapego a los dos años de edad, traen aparejados efectos adversos que se suman a los altos niveles de ansiedad y estrés que provoca el régimen penitenciario. Además, el diseño legislativo para optar a penas sustitutivas, establece altos límites de acceso para los delitos relacionados a droga, criminalidad mayoritaria en la población recluida femenina.

Así, frente al caso de Lorenza que vino a develar la situación de cientos de mujeres y la falta de políticas penitenciarias con perspectiva de género, organizaciones de la sociedad civil (ONG En Marcha, Corporación Humanas y Leasur ONG) presentamos junto al Senador Alejandro Navarro, el proyecto de Ley Sayén (Boletín Nº 11.073-07).

El objetivo de esta iniciativa es evitar que mujeres embarazadas y madres de niños y niñas menores a 3 años vayan a prisión. Se propone suspender la pena privativa de libertad y hacer improcedente la prisión preventiva en estos casos, hasta que el o la menor cumpla tres años de edad, acorde a las recomendaciones de desarrollo temprano. Con esto invitamos a legislar de manera responsable sobre la situación de mujeres, niños y niñas privados de libertad, con perspectiva de largo plazo que busque evitar el contacto criminógeno temprano que pueda traer malas consecuencias a futuro.

Consultada la opinión de la Corte Suprema sobre esto mismo, el máximo tribunal reconoce el deplorable estado en que se encuentran en la práctica las mujeres embarazadas o madres al interior de los recintos penitenciarios. Concluye que el proyecto busca “equilibrar las desigualdades que afectan a las mujeres privadas de libertad embarazadas o que dan a luz en esa condición, y proteger el interés superior de niños y niñas”. La Corte Suprema sabe lo que significa, y por eso nos sorprende su resolución que obliga a una mujer y su hija volver al encierro y a sufrir estas desigualdades.

Con esto buscamos evitar que se repitan las experiencias que han tenido que sufrir miles de mujeres estando embarazadas o siendo madres en prisión. Buscamos evitar también que sigan creciendo niños y niñas tras las rejas, que no sigan naturalizando el encierro y las rejas, y que no los sigamos condenando a ser separados de sus madres para estar en un hogar.

Queremos que Sayén crezca libre y sin prejuicios, así como debieran crecer todos los niños y niñas del país.

[1] Programa de Género, Unidad de estudios en criminología e innovación penitenciaria. Gendarmería de Chile, año 2014.

[2] Informe de prevalencia de género en la población femenina de Chile, Unidad de estudios de criminología e innovación penitenciaria. Gendarmería de Chile, 2015.

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