Movimiento Estudiantil: Una causa abierta

Por Esteban Spencer, militante de ContraCorriente Santiago

El martes 9 de mayo se agregó un nuevo episodio dentro del largo camino que ha recorrido la movilización social por el cambio del sistema educativo vigente. Estudiantes secundarios y universitarios convocaron exitosamente a una jornada de protesta y movilización con alcance nacional, que significó el desarrollo en paralelo de masivas marchas en las principales ciudades del país, contando a más de 250 mil manifestantes a lo largo del territorio.

Esta impresionante muestra de fuerza ocurre en un momento trágico para el movimiento estudiantil, quien ve con angustia cómo en el Congreso se debate una reforma que es abiertamente insuficiente para dar respuesta a sus demandas históricas. La movilización estudiantil lleva más de diez años cuestionando una de las herencias más persistentes de la Dictadura. En todo este tiempo ha sido capaz de mostrar a la sociedad completa los profundos daños que significa para la clase trabajadora un modelo de construido por el empresariado para su propio beneficio. Por largo tiempo esta necesidad de transformación ha ocupado un lugar central dentro del escenario político nacional y ha logrado ser un ejemplo e impulso para que otros grupos golpeados por este modelo se levanten en rebeldía. Sin embargo, la voz de denuncia estudiantil fue aprovechada hábilmente por partidos políticos inescrupulosos que no han dudado en usarla para su propio beneficio. Hace años venimos escuchando promesas desde todas las bancadas, hemos visto el descaro de quienes ofrecen proyectos transformadores que en realidad mantienen las cosas tal cual están: la instalación de agencias aseguradoras de calidad, la Ley General de Educación y ahora la reforma en trámite no son sino salidas alternativas a la pregunta central que se ha venido planteando desde el 2006.

La reforma que prometió la Nueva Mayoría en materia de educación ha sido rechazada por los más amplios sectores del mundo educativo. Organizaciones estudiantiles -secundarias y universitarias-, cuerpos de trabajadores de la educación y organismos como el Consejo de Rectores han declarado hasta el cansancio el rechazo a la reforma, acusándola de plantear cambios estéticos al modelo. Las demanda histórica de fortalecer las instituciones de educación estatales en todos sus niveles; la eliminación del Aporte Fiscal Indirecto (AFI) y el avance hacia un sistema de financiamiento directo por parte del Estado a sus instituciones; el reemplazo de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) como forma principal de acceso universitario y la instalación de un sistema justo y equitativo para los y las estudiantes; la recuperación de un sistema democrático sobre los planteles educativos asegurado para toda institución son algunas de las muchas demandas que encuentran oídos sordos en los partidos que hoy en día participan del gobierno y que niegan sistemáticamente toda modificación al proyecto en trámite.

EL CRÉDITO CON AVAL DEL ESTADO

Dentro de las lamentables consecuencias que ha traído este sistema para la clase trabajadora se encuentra la insostenible deuda que miles de jóvenes cargan producto del Crédito con Aval del Estado (CAE). Para entender bien los alcances del CAE en nuestros días, es necesario hablar de la transformación que sufrió el sistema de educación en la década de los años 80.

Una de las características fundamentales del modelo neoliberal impuesto en Chile fue la transformación de los derechos sociales en bienes de consumo. El debilitamiento sistemático del Estado en salud, previsión, vivienda y educación dio lugar a la instalación de distintos nichos de mercado, cuya primera razón de ser es la capacidad de ganancia que significa para el empresariado que participa en ellos. Para el caso de la educación, la apertura de este negocio significó la eliminación de cualquier barrera real o límite efectivo para que la empresa privada pudiera invertir y rentar en educación. La apertura descontrolada de instituciones privadas aumentó de forma desmedida la oferta de planes y programas educativos que por su alto costo resultaban imposibles de pagar por la gran mayoría de estudiantes chilenos. ¿Cuál fue la solución a este problema? La deuda con la banca privada. La relación entre las instituciones de educación y las de financiamiento bancario permitió la incorporación de, hasta el día de hoy, más de un millón de nuevos estudiantes al sistema de educación superior.

Como herramienta para favorecer este enorme crecimiento se crea el CAE. Esta herramienta fue planificada en el gobierno de Ricardo Lagos y puesto en marcha en el primer gobierno de Bachelet. Su objetivo es asegurar que los sectores más pobres y vulnerables de la población pudieran tener acceso al crédito con la banca privada. El CAE convierte al Estado en garante de los créditos y permite que para los bancos sea un buen negocio prestar dinero a personas con bajos recursos, de forma tal que puedan costear un plan de estudios. El mecanismo opera de la siguiente manera:

  1. El Estado selecciona entre todos los postulantes a los y las estudiantes en mala situación socioeconómica y los agrupa en listas que luego ofrecerá a los bancos como posibles deudores de un crédito cuyo monto queda establecido por el arancel de referencia de la carrera a elegir.

  2. Los bancos compiten por esas listas, para contratar individualmente con cada estudiante un préstamo que desde el año 2011 tiene un límite de interés del 2% (antes de ese año el límite estaba en el 6%). La competencia entre bancos ocurre sobre dos variables: cuántos créditos van a vender luego al Estado y cuál es el sobre precio o recargo que el Fisco debe pagarles por estos créditos.

  3. Luego de firmados los préstamos con los estudiantes, los bancos seleccionan aquellos que tienen menores expectativas de pago, es decir, seleccionan aquellas instituciones con mayores índices de deserción y peores proyecciones laborales para sus egresados, y venden los créditos contratados con esas personas al Fisco según los montos acordados en la licitación.

Este último paso convierte al Estado no sólo en garante de la deuda, sino que en comprador de los créditos tomados por los bancos como fuente directa de su ganancia. Este mecanismo de recompra significa que el Estado pagará a los bancos por los créditos considerados más riesgosos con un sobreprecio que en algunos casos ha llegado a la vergonzosa suma de 55,5%. Según un estudio publicado por la Fundación Sol, hasta fines del 2015, el Estado chileno ha pagado a los bancos la enorme suma de 79,78 millones de UF.

El CAE como mecanismo de ingreso a la educación superior fue un éxito, pudiendo doblar la cantidad de estudiantes matriculados desde el año 2005 (de 630 mil a 1 millón 200 mil en 2016). Lamentablemente esos números hablan de una verdadera tragedia. La idea detrás del CAE era que una vez que los y las jóvenes salieran de la carrera escogida, la especialización obtenida asegurara un empleo y mejores salarios. La deuda para estudiar viene con la promesa de un mejor futuro, de un mejor trabajo con un sueldo que permitiera vivir mejor y, además, pagar la deuda con el banco.

La realidad es radicalmente distinta, y está construida principalmente sobre el engaño. La existencia de planteles educacionales abiertamente fraudulentos, la inexistente demanda laboral para muchas carreras que no deberían impartirse y la brutal precarización del trabajo para quienes logran hacen que la deuda contraída para estudiar mediante el CAE sea una mochila insostenible para más de 800 mil jóvenes que la llevan hoy en día. La pérdida es doble, tanto para quienes se endeudaron para estudiar como para el Estado que ha comprado esas deudas. Quienes siempre ganan son, una vez más, los empresarios de la educación.

Mucho tiempo ha pasado ya desde que pudimos ver los medios por los cuales se burlaba sistemáticamente la débil prohibición de lucrar con la actividad educativa. Dentro de estos mecanismos fraudulentos, el caso del CAE es especialmente grave porque involucra al Estado como garante de las deudas y como fuente directa de riqueza para los bancos, es la principal razón de endeudamiento para miles de familias y obliga al Fisco a recuperar pérdidas ejecutando pagarés contra los estudiantes. Son todas estas razones las que justifican una demanda histórica para el movimiento estudiantil, la eliminación del CAE como sistema de financiamiento a la educación mediante el subsidio a la demanda y la condonación completa de las deudas contraídas por este medio.

Como puede verse fácilmente, los intereses comprometidos con la mantención del CAE son de gran peso, y han condicionado en gran medida las alternativas de salida a este problema.

LA RESPUESTA HABITUAL Y EL DIÁLOGO A LA PARED

El CAE amarra al Fisco y al estudiantado a una vida servil a la banca privada. El Estado ya ha pagado al empresariado más de $2,6 billones de pesos por concepto de recompra de créditos y tiene aún la obligación de seguir comprándoles. Por otro lado, quienes se endeudaron personalmente para estudiar superan los 300 mil estudiantes y jóvenes profesionales. La movilización social ha mostrado el problema con toda su evidencia y exige respuestas concretas para resolverlo. Desde hace más de una década el CONFECH ha llamado a condonar la deuda con la banca privada y el cese inmediato de los cobros judiciales que intenta el empresariado y el Fisco.

La primera respuesta evade la pregunta y trata de acallar la voz que exige una respuesta. Sin hacerse cargo de entregar alguna solución, los gobiernos de Piñera y Bachelet han recurrido al brazo armado del Estado para reprimir violentamente las manifestaciones estudiantiles por una educación alejada de los intereses empresariales. Este año no fue la excepción, dejando lamentables noticias de abusos policiales, detenciones masivas y estudiantes gravemente heridos.

Por otro lado, cuando se han mostrado posiciones respecto a la exigencia de la condonación, el resultado tampoco es tan sorprendente. Los partidos que hoy están representando y defendiendo al bloque en el poder dicen al unísono que eliminar la deuda es imposible. La Nueva Mayoría se escuda en el pragmatismo que ha mostrado antes en los debates sobre la reforma previsional, los reajustes a funcionarios y deudas habitacionales: el Estado nunca tiene plata. El mismo argumento viene de la derecha más conservadora, la que no tiene problemas en defender la propiedad de la banca sobre los créditos y sus intereses, ejecutando una defensa impecable a los poderosos de siempre.

Esta supuesta imposibilidad ha sido respondida de forma contundente. Son varios los estudios que el movimiento estudiantil ha realizado por su cuenta donde compara el gasto del Estado en educación respecto a otras áreas, donde se observa con claridad cómo el problema no es de falta de recursos sino de una dirección adecuada. Las altísimas cifras en compras militares, armamento y equipo para los aparatos represivos desplegados en la Araucanía, la enorme suma de deudas tributarias condonadas al gran empresariado son sólo algunos ejemplos de cómo el gasto del estado esquiva el fortalecimiento de la educación como un bien público en desmedro de otros intereses.

Por otro lado, las propuestas que marcan un camino claro para condonar completamente la deuda ya han sido presentadas, cayendo inmediatamente en el silencio de quienes tienen la capacidad para proponer los cambios dentro del debate legislativo. Resulta interesante que una de estas alternativas haya sido entregada por la misma Roxana Pey, quien fuera hasta hace poco rectora de una de las universidades estatales creadas por el gobierno de la Nueva Mayoría y destituida por ese mismo gobierno al plantear un esquema institucional triestamental para la U. de Aysén. Esta misma académica, ahora como directora del Cenda, señaló que el Estado ya ha pagado una gran parte de la deuda que tienen los bancos, al desembolsar la enorme suma de $2,6 billones de pesos por concepto de recompra. El saldo restante se podría pagar en cuotas equivalentes al 7% del presupuesto anual de educación en un lapso de 15 años.

Actualmente la crisis desatada por la instalación del CAE no está siendo resuelta en términos favorables para el estudiantado chileno. Las alternativas que buscan la eliminación de la deuda no serán oídas por quienes están hoy día manipulando la reforma de educación superior. Durante este largo tiempo hemos conocido de incontables mesas de diálogo, visitas al Ministro de turno e inútiles exposiciones en las comisiones del Congreso que significan poco y nada a la hora de establecer los términos de la reforma. La propuesta que actualmente defiende el gobierno mantiene la actual deuda y se propone reemplazar el CAE por otro crédito, manteniendo la lógica de que para estudiar hay que pagar, y a falta de pago, hay deuda.

UNA ALTERNATIVA POPULAR

Después de todo este tiempo las lecciones son claras: no encontraremos las soluciones que buscamos si seguimos confiando en que las demandas históricas de la movilización estudiantil vayan a ser atendidas por quienes vienen administrado este modelo empresarial hace ya décadas. En la balanza de quienes actualmente toman las decisiones pesan mucho más los intereses de esa pequeña minoría que controla todo este país. La solución que buscamos no llegará en una sesión de la comisión de Educación ni en un proyecto de ley construido en el Gobierno. Tenemos que asumir que la construcción de un nuevo modelo educativo pasa por nosotros, quienes vivimos y sufrimos las consecuencias de este sistema, de la unidad que tengamos quienes hacemos funcionar el sistema educativo: estudiantes y trabajadores de la educación.

Para lo anterior resulta fundamental fortalecer nuestros espacios de organización social: reconstruir nuestros centros de estudiantes y federaciones estudiantiles; servir de apoyo para la construcción de organizaciones sindicales para el personal académico, administrativo y de colaboración en universidades, centros de formación técnica, institutos, colegios y liceos; erradicar las formas de precarización del trabajo que impiden la sindicalización de subcontratados y trabajadores a honorarios. Sólo será posible construir y defender un proyecto de reforma educacional cuando este provenga de un ejercicio realmente democrático, nacido del propio pueblo trabajador para sí mismo, fruto de la comunicación entre las bases mismas de organización de todos quienes integramos el sistema educativo. Es triste reconocer lo lejos que estamos de este proyecto de educación popular, sin embargo, su falta no nos abandonar a la pasividad. Hasta que este proyecto no sea una realidad, nuestra tarea es constituir y fortalecer las comunidades educativas, lograr espacios de organización y encuentro entre estamentos que sea capaces de discutir qué educación queremos. Mientras tanto seguiremos defendiéndonos, luchando para poner fin a los abusos, levantándonos contra los poderosos por el justo arrebato de sus privilegios.

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