Cuenta Pública: Sin cambios estructurales en materia de género

Por Mareba Torres Castro, Mesa Feminista Convergencia 2 de abril

En la cuarta y última cuenta pública de este gobierno de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet nos dice: “Hemos tenido el coraje de mirar nuestros problemas de frente. Hemos puesto en el centro del debate temas que hasta ahora no habíamos debatido. Nos hemos atrevido a poner en marcha las transformaciones que comprometimos”. Ante esto, nosotras – mujeres y disidentes sexuales – nos preguntamos profundamente: ¿cuáles son esas transformaciones a las que se han comprometido? ¿cuándo este gobierno se ha sentado a discutir de frente nuestros problemas? Y, si dicen estar debatiendo los temas importantes, ¿por qué no hemos encontrado respuestas contundentes en este último balance de gobierno ante las desigualdades que vivimos por nuestra condición de género?

En esta cuenta pública se cumple un año desde que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género inicia sus actividades, destacándose como ‘gran avance’ la construcción de 25 nuevas Casas de Acogida y la implementación de 20 de éstas. Nosotras nos damos cuenta que estas cifras sólo son avances ficticios en la erradicación de la violencia machista, entendiendo que éstas son medidas parche que no permiten el desarrollo de la independencia psicológica, económica y social de mujeres que sufren violencia por parte de hombres miembros de su familia sólo por considerarlas menos valiosas por el hecho de ser mujer. Sabemos que, mientras no se desintegren en su totalidad los roles de género impuestos por el patriarcado, las mujeres siempre seremos objeto de opresión y, en los casos más extremos, de violencia física al punto de ser asesinadas; casos en los que es muy poco probable encontrar ayuda por la ausencia de redes de apoyo, la ausencia de protección policial y el tratamiento machista que realiza el sistema judicial ante las demandas por violencia e intentos de feminicidios.

Este último término – feminicidio – es comprendido como el asesinato a cualquier mujer por el sólo hecho de serlo. Sin embargo, el término utilizado oficialmente en la cuenta pública para referirse a los crímenes de odio es el concepto de “femicidio”, el cual sabemos que es insuficiente y esconde una realidad cruda en nuestra sociedad, debido a que sólo considera como victimarios a quienes han sido cónyuges o convivientes de la víctima y, a pesar de que se manifiesta como un gran avance que se integren vínculos como el pololeo dentro de la concepción del femicidio, sabemos que los asesinatos hacia las mujeres son cometidos por hijos, hermanos, padres, padrastros, vecinos, amigos, colegas, clientes sexuales, entre otros.

Además, sabemos que los crímenes de odio no son efectuados solamente hacia mujeres, sino que también apuntan hacia la disidencia sexual. Ante esto, cabe una interpretación aún más preocupante que la anterior, debido a que no existe una mención al Proyecto de Ley de Identidad de Género, lo cual constituye un encubrimiento a la violencia ejercida hacia sectores más marginados por el sólo hecho de no encajar en las categorías hegemónicas de la identidad sexual. El Gobierno promueve la aprobación del Acuerdo de Unión Civil y el proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario como un progreso en esta materia, cuando es evidente que estas acciones sólo responden a una demanda elitista de la comunidad LGBTI que no rompe con el orden hegemónico que las clases dominantes mantienen y reproducen, es decir, insisten en que la familia nuclear siga siendo la base social que prospera el individualismo y atenta contra la organización comunitaria de nuestro pueblo. Este falso progreso no responde a las demandas prioritarias de las disidencias sexuales. Se pueden estar casando quienes sólo han sido oprimidos al no poder seguir prosperando el nucleamiento conservador de la familia, mientras tanto, en las poblaciones más marginales de nuestro país, la juventud disidente está muriendo de VIH o asesinada en manos de homo/lesbo/transfóbicos.

La demanda hacia el proyecto de Ley de Identidad de Género pretende una autonomía absoluta en la determinación del género con el cual una persona se siente identificada aun cuando éste no se corresponda con su sexo biológico. Determinación que debe hacerse a través de un mero trámite administrativo, respetando la autodeterminación del propio cuerpo, es decir, sin necesidad de evaluaciones médicas ni psicológicas, tratamientos hormonales obligados o procesos judiciales, los cuales violan el derecho a la autodeterminación.

En esta misma línea, el Gobierno destaca sus esfuerzos por despenalizar el aborto en tres causales, aludiendo a la capacidad de decidir de las mujeres, sin embargo, sigue quitándole esta capacidad a la mujer decidiendo mediante leyes en qué momento y bajo qué condiciones las mujeres podemos o no interrumpir un embarazo. Las dos primeras causales – inviabilidad fetal y peligro de la vida de la madre – requieren necesariamente de la opinión médica para la aprobación de iniciar el procedimiento y la última causal – en caso de violación – expone a las mujeres a una doble violencia, donde ella tendrá que comprobar que fue obligada en la consumación del acto sexual a través del cual ha concebido, aun considerando la dificultad que acarrea poder reunir pruebas de un delito tal, exponiéndose al cuestionamiento médico, policial, judicial y de su entorno social cercano. ¿Por qué debemos explicar a decenas – o cientos – de personas las razones por las cuales decidimos interrumpir un embarazo no planificado?

Nos castigan por querer ejercer nuestro derecho a decidir cuándo interrumpir un embarazo, no obstante, nos castigan también por llevarlo adelante. Si bien, éste ha sido eliminado como preexistencia en las Isapres, no ha sido de la misma manera a la hora de buscar trabajo mientras nos encontramos en edad fértil, teniendo que demostrar mediante exámenes médicos que no hay estado de embarazo y, en caso de estarlo, debemos seguir desempleadas sin ninguna garantía de seguridad social en el mediano plazo, aun cuando las cifras de cotizaciones de las mujeres han aumentado considerablemente en el último año. Y respecto de esto último, ¿qué pasará con la abismante desigualdad de pensiones de vejez que existe entre hombres y mujeres? ¿se aumentará la edad de jubilación de las mujeres o se dará una respuesta real a esta problemática? Silencio absoluto por parte del gobierno respecto ante estas preguntas. Aun cuando las cifras muestran avances en la formalización del trabajo, esto sólo ha sido posible mediante programas en los que nos debemos reconocer como jefas de hogar, dando curso a medidas de carácter paliativo y no de cambio estructural, donde se reconozca a la mujer como trabajadora, como un ser independiente que ejerce el trabajo doméstico y que éste debe ser remunerado, en tanto nos independizamos económicamente.

Junto con todo lo anterior, se hace necesario integrar a la reflexión que la problemática de género no es algo que sólo afecta a la mujer o a la disidencia sexual, sino también es un tema que afecta a niños, niñas y adolescentes (NNA). Desde los marcados roles de género que se obliga a cumplir a niños y niñas desde muy pequeños/as hasta el maltrato psicológico, físico y sexual que sufren por parte de padres, cuidadores o miembros de su familia que comprenden el cuidado y la educación como una imposición de reglas o que simplemente han sido abandonados a manos del SENAME. El gobierno plantea una respuesta inmediata en infraestructura y atención, cuando el problema actual del SENAME no tiene que ver con situaciones tan superficiales, sino que esencialmente debería responder a las situaciones de abuso social, político, económico y sexual que viven los NNA fuera y dentro de la institución, como los abusos que viven las/os trabajadoras/es de SENAME. El problema esencial que sacude a la infancia en nuestra actual sociedad dice relación con una problemática mucho más profunda que la planteada desde el gobierno, que debe hacernos reflexionar sobre las formas individualizadas de crianza, sobre la efectividad de la familia nuclear como base de la sociedad, donde un padre debe mantener económicamente a sus hijas/os y la madre debe criarlas/os sin ningún reconocimiento económico para que el capital saque provecho de ello, además de ver mermados los sueños individuales de miles de mujeres que ahora deciden no tener hija/os por elegir llevar a cabo sus metas personales. El abandono de NNA tiene que ver esencialmente con esto, porque quien engendra no tiene absolutamente ninguna obligación en la crianza, viéndose las mujeres obligadas a hacerse cargo solas o abandonando a sus hijos a su suerte porque han sido obligadas a llevar a término un embarazo no planificado.

Todas estas reflexiones en torno a los progresos ficticios que expone el Gobierno como grandes avances en materia de género, dan luces de que no hay una intención de erradicar la opresión de las mujeres y de la disidencia sexual mientras ésta sea servil a las clases dominantes. Existe un insistente tratamiento de la temática de género con el sesgo de que fuera solamente un problema de la mujer, olvidando que el patriarcado oprime a todos, todas y a cada quien compone los sectores más marginados. No existen avances: esta cuenta pública no evidencia ningún cambio estructural en materia de género. Tampoco aumentar la participación femenina en el parlamento es sinónimo de mayor representación de la figura de la mujer trabajadora, de la mujer pobladora. Mientras se mantenga esta falsa democracia y esta estructura institucional vertical, autoritaria y prepotente, no habrá avances reales para las mujeres y disidencias sexuales, porque no sólo importa que haya mujeres en el parlamento, sino que lo realmente importante es que esas mujeres no representen intereses conservadores ni económicos. Lo que realmente importa es que se impulse una perspectiva de género transversal y una política en contra de la violencia machista en el sistema judicial, de salud y las comunicaciones masivas, donde no se re-victimicen a mujeres como Nabila Riffo mediante una prensa sensacionalista, exponiéndolas ante una audiencia morbosa. Mientras esto no suceda, las palabras del gobierno “no queremos más tragedias como las que han vivido Nabila Riffo, Maria Elena Droguett, Maribel Gormaz, Giannina Rioseco y demasiadas otras. No queremos ni una menos. No queremos nadie menos” seguirán siendo parte del encubrimiento a la situación más cruenta de desigualdad en nuestra sociedad, seguirán siendo palabras de hipocresía a la que sólo podremos hacerle frente a través de la autodeterminación. Debemos construir nuestras propias herramientas de defensa, nuestra propia educación, nuestra propia manera de criar a nuestros/as hijos/as y, en conjunto, construir nuestros propios instrumentos de liberación de nuestros pueblos.

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