Amenazas en el proyecto de ley de Universidades del Estado

Por Felipe Zúñiga, militante ContraCorriente Santiago

Universidades del Estado con gestión empresarial

El primero de junio del presente año, en el contexto de la cuenta pública presidencial, tuvo lugar el anuncio del proyecto de ley que fortalece las universidades del Estado. Las primeras reacciones ante la noticia fueron positivas. Los rectores asociados en el CUECH valoraban la idea de legislar sobre la materia, en vista del notorio abandono del Estado a sus planteles. Sin embargo, y tras conocerse a fondo el articulado del proyecto, voces disidentes entre las distintas autoridades universitarias daban a entender una insatisfacción sobre la propuesta emanada del ejecutivo, recayendo las críticas principalmente en tres áreas que, a saber son; la injerencia de los gobiernos de turno en los sistemas de gobernanza universitaria; el sistema de financiamiento a través de convenios marcos – en conjunción con el FMI y el BID- y; la amenaza latente al estamento funcionario por medio de la eliminación de la proporción 80 – 20 entre personal bajo régimen de contrata y planta.

Situación de abandono de la Universidades del Estado

Para comprender a mayor cabalidad la delicada situación que genera este proyecto de ley al interior de las casas de estudios estatales, vale la pena caracterizar la situación de abandono en la que actualmente se encuentran las universidades del Estado.

En primer lugar, con la reforma universitaria de 1981 se inicia el proceso de privatización del sistema de enseñanza superior permitiendo el auge masivo de planteles privados por todo el país. Para posibilitar lo anterior, la dictadura militar – y luego la Concertación- tuvieron que, por un lado, crear una demanda que permitiera el crecimiento de los planteles privados a costa de instrumentos financieros y, por otro, limitar el crecimiento de las Universidades del Estado para que estas no aprovecharan la expansión de la matrícula universitaria que se produjo entre los años 80’ y 90’, esto por medio de límites a la posibilidad de endeudamiento de los planteles, la ridícula adopción de un sistema de autofinanciamiento para las universidades públicas y la intervención directa sobre las comunidades educativas mediante la división y desarticulación de la UTE (Universidad Técnica del Estado) y la Universidad de Chile.

En segundo lugar, las comunidades universitarias -compuestas tradicionalmente por académicos, funcionarios y estudiantes- han tenido un desarrollo disímil desde su intervención, lo cual se explica por la situación desigual que tenían las sedes regionales de las universidades anteriormente nombradas (UTE y UCh), que carecían de la infraestructura, planta docente y mecanismos de financiamiento para un desarrollo autónomo, razón por la cual, una vez creadas las nuevas universidades, toda la deuda del periodo anterior es asumida por la Universidad de Chile.

En tercer lugar, una de las consecuencias de la reforma de 1981 es la creación de nuevos estatutos para las casas de estudio recién formadas. Estos nuevos cuerpos normativos, consagraban una estructura vertical – y autoritaria- de los órganos políticos de las universidades, con representación casi exclusiva del cuerpo académico que hasta el día de hoy no ha variado, con la sola excepción de la reforma estatutaria de la Universidad de Chile que trató de armonizar algunos principios democráticos y cuya manifestación más novedosa fue la creación del Senado Universitario, órgano colegiado compuesto por representantes de los tres estamentos y que detenta la potestad normativa de la institución, junto con representar a la comunidad universitaria.

Así, durante casi 40 años, las universidades del Estado han sobrevivido a un sistema educativo que desprecia lo público y que deja a la suerte del mercado sus planteles.

Sin embargo, los estallidos sociales acaecidos en la primera década del 2000 traen aparejada una demanda por el fortalecimiento del sistema público de enseñanza que logra sacudir y detener la inercia de los paradigmas venidos desde Dictadura. Es bajo este escenario de descontento y movilización social que ocurren las primeras transformaciones al modelo de enseñanza chileno, pero que aún parecen insignificantes respecto a las necesidades que los actores demandan.

Principales críticas al proyecto.

Como dijimos anteriormente, las críticas al proyecto pueden centrarse en tres grandes ejes; intervención del gobierno en los sistemas de gobernanza, sistema de financiamiento y carrera funcionaria del personal no docente.

Sobre el sistema de gobernanza, la principal crítica radica en la creación de un órgano colegiado denominado “Consejo Superior”, el cual se alza como ente máximo en lo que refiere a capacidad de decisión y dirección política de la Universidad. Dicho órgano está compuesto por tres miembros designados por la o el presidente de la República, dos miembros de la Región a la que pertenece la Universidad, que posean una destacada trayectoria profesional -cuya elección dependerá de los estatutos de cada institución-, tres miembros electos por el consejo universitario, donde a lo menos dos deben ser académicos de la más alta jerarquía, y el Rector de la casa de estudios. Dicho órgano tiene múltiples facultades entre las cuales podemos mencionar la de solicitar la renuncia al Rector, de aprobar o rechazar propuestas modificatorias al estatuto y, de aprobar o rechazar el plan de desarrollo institucional (PDI) de la Universidad.

Como se puede apreciar, lo complejo del escenario es la apertura a la posibilidad de que los consejos superiores sean controlados por los miembros designados del gobierno de turno, y la intervención directa en aquellos asuntos antes dirimidos por las mismas comunidades. A su vez, se veta la posibilidad de crear un sistema de gobernanza universitaria de carácter democrático, quedando reducida la participación de los estamentos al Consejo Universitario, órgano colegiado de carácter consultivo y que sólo podría proponer determinadas políticas al Rector, pero que en todo momento deben contar con la aprobación del Consejo Superior. Así, queda completamente abandonada la posibilidad de abrir espacios para los estamentos funcionarios y estudiantil en los órganos resolutivos de la Universidades, poniendo fin a una demanda histórica de los estudiantes latinoamericanos.

Sobre el sistema de financiamiento, la crítica se centra en la debilidad de los instrumentos usados para fortalecer a las instituciones estatales. Por un lado, se crea un convenio marco entre el Estado y sus universidades, donde los montos y sus destinos son determinados año a año vía ley de presupuestos y, por otro, se crea un plan de fortalecimiento de las instituciones estatales cuya duración es de diez años, siendo financiado por medio de un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que tiene por fin el mejoramiento de la infraestructura universitaria en miras de un posible aumento de matrícula.

Respecto de la situación de los funcionarios no docentes, la complejidad radica en el vacío normativo al que quedan sujetos, toda vez que la eliminación de la proporción en los sistemas de contratación puede dar pie a procesos más abruptos de precarización laboral que, como hemos visto en la actualidad, traen aparejadas situaciones de abuso y vulneración de derechos para las y los trabajadores.

Elementos para enfrentar la coyuntura.

Sin dudas el presente proyecto trae consigo cambios sustantivos en lo que concierne a la relación del Estado y sus universidades. El propósito de las reformas educativas de la Nueva Mayoría tuvo por objeto “fortalecer lo público” por medio de una homologación de las instituciones estatales y privadas, estableciendo un marco regulatorio general sustentado por el sistema de gratuidad universal, el cual establece ciertas exigencias a quien quiera ser parte de la oferta “certificada” y con ello aprovechar los grandes recursos de la “beca gratuidad”. Por tanto, dicha “beca” sólo podrá ser usada en instituciones que sean parte del marco regulatorio general y para ello poco importa la propiedad de la institución. Así, la Nueva Mayoría entendió por derecho social a la educación un mercado regulado, que precisa igualdad de trato para competir por fondos bajo criterios de productividad, establecidos por convenios de desempeño que rigen a la totalidad de las instituciones adscritas al nuevo sistema.

Recapitulando, la adopción de un sistema corporativo de gobernanza para las universidades estatales, que es una mala copia de los sistemas estadounidenses; un plan de financiamiento por medio de préstamos de instituciones financieras internacionales, en vez de uno con cargo a las rentas generales (impuesto); y, la potencialidad abierta para la precarización del trabajo funcionario al interior de las casas de estudios, son el método escogido para regularizar la situación de las universidades estatales más retrasadas, pero que poca cabida tiene para instituciones complejas como la Universidad de Chile o Universidad de Santiago, razón por la cual sus rectores han solicitado un trato preferente frente al proyecto de ley.

Por otro lado, el contexto bajo el cual las comunidades universitarias enfrentan la presente coyuntura escapa de uno óptimo, toda vez que este año se ha hecho más patente que nunca el desgaste de 10 años de movilización estudiantil al interior de los planteles, recordándonos incluso los periodos de despolitización previos a la revolución pingüina. Así, la desarticulación entre los distintos planteles estatales hace en extremo compleja la posibilidad de coordinar una política unitaria para enfrentar la coyuntura. Solo los Rectores agrupados en el CUECH han podido interpelar al ejecutivo sobre los temas críticos antes esbozados y todavía no hay acuerdo entre los mismos sobre cómo proceder.

De igual forma, no se puede perder de vista que la situación de abandono de los planteles estatales tiene como factor no solo la acción – o inacción-  del Estado, pues, durante los últimos cuarenta años los estudiantes hemos sido testigos de los problemas generados por la gobernanza académica de las instituciones; redes clientelares para obtención de programas de investigación que no producen; situaciones de autoritarismo y persecución en contra de estudiantes; sueldos millonarios de autoridades; precarización laboral por medio de subcontrato y honorarios; sociedades relacionadas que prestan servicio a las instituciones; negativa constante a profundizar el sistema democrático universitario; y una vinculación deficiente de las universidades con los procesos sociales que acaecen en el país, son algunas de las deficiencias palpables del actual sistema.

Finalmente, resulta indispensable aprovechar esta coyuntura para profundizar las reflexiones sobre gobernanza universitaria y financiamiento de las instituciones estatales. Nuestra negativa ante la propuesta de gobernanza presente en el proyecto de ley, no puede llevarnos a defender lo existente en nuestras instituciones educativas. Es cierto que la respuesta al proyecto presentado por el gobierno tiene que salir de una comunidad que actúe en unidad, pero no por ello debemos ocultar nuestras críticas al autoritarismo presente en nuestras instituciones, muchas de ellas con estructuras organizativas heredadas de la dictadura y que ven al estudiante como un potencial enemigo. Rechazamos el proyecto de ley presentado por el ejecutivo, pero si no somos capaces de articular una propuesta que ponga énfasis en la total democratización de las instituciones educativas, parece complejo movilizarnos para mantener estructuras organizativas que no han dudado en sumariar a estudiantes en años de movilización, o que simplemente han obviado el escenario de reforma abierto por los mismos estudiantes hace más de diez años.

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