Mayo no acaba: Chiloé en el conflicto del mundo

Por Sebastián Henríquez Farías

Uno de los grandes peligros de conmemorar es precisamente ese, conmemorar.  Es hacer de las luchas algo estático, o peor aún, algo del pasado, mediato o inmediato, que evaluamos y re-evaluamos para intentar replicar, pero que a la hora de tener que levantarnos y luchar nuevamente hace surgir comparaciones odiosas, ansiedades innecesarias por repetir aquello que fue exitoso y un largo camino de desgaste que nos lleva a querer dejar la historia atrás y empezar a aprender como si todo fuera nuevo, una y otra vez, separando las coyunturas y pensando que aquello que pasó hace un año no tiene nada que ver con lo que pasa hoy.

Recordar y aprender es útil y necesario, es cierto, pero también lo es analizar y comprender que el mundo en el que estamos insertos es más complejo y dinámico de lo que nuestras “tranquilas” vidas quisieran. Los conflictos se suceden unos tras otros sin que siquiera apenas sepamos, hasta que nos instalan frente a la casa una carretera, una fábrica salmonera, o nos construyen un parque eólico sobre la colina de en frente, o echan a nuestras familias de sus tierras o bien, éstas tienen que irse por falta de agua o recursos en el campo hacia la periferia de alguna ciudad. ¿Tendrá esto relación con la contaminación del mar y la marea roja del año pasado? Pues, lo más seguro es que sí. ¿Tendrá algo que ver con el comercio internacional y el precio del dólar? Posiblemente también.

Pero, y es un gran pero, estamos tan bombardeados de información a través de los medios y las redes sociales que en menos de cinco minutos podemos pasar fácilmente desde los mejores memes de Ossandón, a las diez recetas de cocina imperdibles para el invierno, hasta terminar leyendo sobre la Mujer Maravilla y la vida de la actriz que la encarna. Tal vez, por ahí, perdido en algún lado, hallaremos algo sobre Chiloé, una nota con una foto de mar y palafitos seguramente, y un texto, más o menos escueto (como éste), sobre un tema (o varios) que pueda afectar el trabajo de las familias chilotas o su salud, o su educación, por dar ejemplos.

¿Qué hacemos ante esto? Es decir, ¿cómo podemos filtrar y enhebrar un relato coherente sobre nuestra realidad y, más importante aún, organizarnos para resistir a ella? Pues lo primero sería posicionarnos, reconocernos, entender nuestra vida en un territorio determinado, y a partir de ello re-construir un relato sobre nuestro territorio, sobre nuestras vidas, que nos ubique en el mundo y nos defina a quienes vivimos en él como personas capaces de transformarlo, según nuestras visiones y pasiones, según nuestras experiencias y vivencias, y no según las de un empresario o un burócrata del Estado, que ni vive ni se preocupa más que de su dinero o su pequeño pedazo de poder.

El mundo, sin embargo, se mueve así, bajo la lógica de los poderosos, de sus empresas, de sus negocios. En ese contexto, la reciente elección de Donald Trump y la vuelta del conservadurismo más rancio a las altas esferas del gobierno de Estados Unidos han hecho prender las alarmas de un sistema neoliberal que estaba muy tranquilo sobre el trono que le había brindado la globalización. Más allá de los efectos inmediatos (tensión por eventual conflicto armado a escala mundial, abandono de acuerdos para prevenir el cambio climático, etc.), las nuevas políticas económicas (enfocadas en un proteccionismo nacionalista a ultranza) ponen en entredicho a los países que dependen del consumo y la inversión de EEUU para generar sus riquezas.

En esa situación está Chile, quien no ha dudado en poner hartas de sus fichas en el supuesto nuevo eje estratégico mundial, liderado esta vez por China. Es así como el Gobierno, liderado por la Presidenta, hace pocos días terminó una muy provechosa gira por Asia, en la que (parece chiste, pero no lo es) ofreció “pinos y salmones” como gran producto intercambiable para fomentar la inversión asiática en nuestro país (sin contar eso sí que ambas industrias han provocado dos de las más grandes catástrofes socio ambientales del último tiempo en el país). De esta forma, a través de convenientes Tratados de Libre Comercio (TLC), el Estado, a través del Gobierno, busca una salida para la eminente falta de demanda e inversión, procurando forjar alianzas que mantengan a Chile como un país primario-exportador, con, además, alto valor geográfico como plataforma para el transporte de mercancías entre Latinoamérica y Asia. Estos acuerdos se suman al ya muy conocido Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), que ha tomado nuevas fuerzas para la regulación e intercambio de tecnologías y manufacturas, así como la regulación de semillas, tráfico de información y ciencia, especialmente farmacéutica, entre otras materias; y el no tan conocido Acuerdo en Comercio de Servicios (TiSA), que si no fuera por WikiLeaks ni nos enteraríamos sobre las implicancias que traerá en el manejo del capital financiero, la regulación en el mercado de servicios y, especialmente, el internet y las comunicaciones.

Este entramado internacional tiene su correlato continental, mediante la participación de nuestro país en la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la que a través de su Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) ha desarrollado la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional (IIRSA), en el que Chiloé forma parte del denominado Eje del Sur, que agrupa la zona desde la Región de Los Ríos hasta antes de la zona de las Guaitecas, junto a su equivalente al otro lado de la Cordillera de Los Andes. Esta iniciativa “pública-privada” contempla una inversión de 4.146,6 millones de dólares sólo para esta pequeña parte del Continente, lo que se traduce en 49 proyectos (46 de transporte y 3 de energía) que tendrían por objeto “reducir costos de transporte para ampliar el intercambio de bienes y servicios entre los países y fomentar la complementariedad económica”. Eso sí, de esos 49 proyectos “públicos y privados”, 48 son asumidos por los Estados chileno y argentino, es decir, de público y privado no tiene nada, puesto es el Estado, con nuestros recursos por lo demás, el que desarrollará la infraestructura necesaria (puentes, carreteras, líneas de ferrocarril, aeropuertos, antenas de transmisión, de comunicaciones, etc.) con lo que esperan, por un lado, reducir los costos de los empresarios en el intercambio de sus mercancías a nivel internacional (por ejemplo, las mercancías brasileñas y argentinas ya no tendrían que rodear en buque el continente para llevar sus productos a Asia); y por otro lado, se busca atraer nuevos inversores que desarrollen infraestructura en el continente, especialmente empresas chinas. Entonces, la cosa sería más o menos así: el Estado paga, los empresarios ganan, mientras que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país (nosotras, nosotros, nuestras familias) siguen con empleos precarizados, rozando el mínimo, sin estabilidad laboral y, más encima, con la expectativa de una pensión de miseria al jubilarse.

Además, ¿de dónde sacaremos tanto dinero, tanta energía? Pues bien, el Estado es sumamente previsor y, en su “benevolencia”, junto a la del empresariado, ya tienen planificado el territorio por nosotras y nosotros. Y no cualquier planificación, es una que piensa definir de aquí hasta el 2050 (¡!) el futuro de nuestros territorios y nuestras comunidades. El instrumento elegido para ello es Energía 2050, Política Energética de Chile, una planificación estratégica en que el Gobierno, a través del Ministerio de Energía liderado por Máximo Pacheco (a la larga futuro jefe de campaña de la fallida aventura del –tan querido por los empresarios- ex Presidente Lagos), estableció en sus bases una Hoja de Ruta con los lineamientos estratégicos sobre los cuales sustentar el crecimiento y desarrollo del país, estableciendo como ejes o criterios programáticos, entre otros, el ordenamiento territorial, la planificación urbana, la pobreza, la participación, la equidad y los pueblos indígenas. De esta forma, ante nuestras narices, ya parece está todo preparado de aquí a más de 30 años más.

Esa planificación no viene en un futuro lejano, ya está aquí y se está ejecutando a través de las modificaciones legales a la Ley 20.936, que trata sobre un Nuevo Sistema de Transmisión Eléctrica, estableciendo, entre otras cosas,  obligaciones para las instituciones públicas correspondientes, que tendrán la misión de desarrollar un Proceso de Planificación Energética de Largo Plazo, la que tiene por objetivo “entregar escenarios energéticos que contengan tendencias, comportamientos del consumo y de la oferta que el país podría enfrentar en el futuro.” Estos escenarios energéticos, entonces, definirán el comportamiento del mercado en el mediano y largo plazo, estableciendo posibilidades concretas para la generación y transmisión de energía en los distintos territorios en que se quiera expandir e instalar alguna industria, establecimiento o población, asegurando la oferta ante la siempre creciente demanda y preparando la infraestructura técnica para enfrentar escenarios de desabastecimiento, catástrofes naturales u otros. De esta forma, el Estado asumirá los costos de la definición estratégica sobre la ubicación de futuros proyectos industriales, llevando adelante los estudios correspondientes para ofrecer las localizaciones, capacidades y tecnologías con que el sector privado proyectará sus operaciones, esta vez eso sí, con el conveniente beneplácito del Estado, quien propiciará las facilidades logísticas (mediante la definición de zonas y trazados), administrativas (mediante declaratorias de interés público), jurídicas (facilitando la expropiación de terrenos) y financieras (mediante acceso a subsidios y créditos) para que éstas se lleven a cabo. ¿Y qué harán los empresarios? Llegar, instalarse y obtener utilidades, a costa del medio ambiente y las comunidades, por cierto, y en especial a costa de Chiloé, que, tras todo este proceso, se espera se declare como un Polo de Desarrollo Energético, es decir, una zona de sacrificio para la instalación de mega proyectos energéticos e industriales que satisfagan la necesidad de crecimiento del mercado y otorguen posibilidades geográficas favorables para su expansión.

Este funcionamiento del Estado, a priori lógico para la debida administración de un territorio, debe vincularse a la realidad que vivimos como chilotas y chilotes, y los sucesivos proyectos a los cuales nos hemos visto enfrentados en el último tiempo. Y de cajón cae un proyecto que recién estamos visualizando en sus consecuencias: el Programa Estratégico Meso Regional Salmón Sustentable Los Lagos, que se propone, a iniciativa del Gobierno y los empresarios salmoneros, y  pese a la nefasta crisis provocada durante el 2016, aumentar la producción de salmones de, aproximadamente, 850.000 toneladas a más de 1.200.000 toneladas anuales. ¿Qué impactos traerá esto para nuestro archipiélago ya tan golpeado por esta industria? Además, así se explica, por ejemplo, los viajes a Asia para ofrecer productos, la necesidad de más energía para la producción y los jugosos pagos a los empresarios para poder ejecutar estos “programas de desarrollo”. Y no tan sólo eso, este programa abarca no solo nuestra región, sino que el verdadero interés está más al sur, hacia la Patagonia, territorio apetecido hace mucho tiempo por su potencial económico forestal, minero y salmonero.

Con esto otro proyecto emblemático, el Puente sobre el Canal de Chacao, parece más que justificado, ¿o no? Y es que a primeras, la conectividad para usuarios particulares no es tan atractiva desde un punto de vista estratégico-económico, pues, salvo la empresa que construye, nadie más gana. Así no funcionan las cosas en este sistema. ¿Qué es entonces lo que hay detrás? Desde el año 2008, circula por las oficinas del MOP un Mega proyecto Portuario para Quellón, que promete no tan solo conectividad para las personas, sino que es la conclusión de una seria de iniciativas destinadas a desarrollar la infraestructura necesaria para el transporte de mercancías y materias primas desde la Patagonia hacia los centros de poder económico y comercial del país. Así, los costos en transporte y logística para explotar y rentabilizar la Región de Aysén disminuirían considerablemente, toda vez que la Carretera Panamericana ya no terminaría en Pargua, sino que se extendería hasta Quellón, punto final de la nueva “península” de Chiloé y lugar en que desembarcarían personas y bienes para su traslado desde y hacia el sur. Menos horas y costos de transporte, más destrucción para los territorios, más ganancias para los empresarios particulares.

De a poco vemos como ese enredo internacional se posiciona y perfora de manera sistemática la tierra en que vivimos y el mar que se trabaja. De la teleserie entre Estados Unidos y China, pasamos a más fábricas salmoneras, nuevos mega puertos y la invasión de una infraestructura de transporte y energética que transforme radicalmente nuestro modo de existencia. Así como la amenaza que se cierne sobre las gentes de las comunidades de la Cordillera de Piuchén, que ven como silenciosamente las montañas y cerros que los rodean fueron concesionadas para actividades mineras, actividades que afectarían seriamente su modo de vida al instalarse sobre las reservas de agua dulce de las que dependen para sobrevivir (reservas contenidas en turberas, ecosistemas reservorios de agua dulce) y que, en el largo plazo, modificarían geográficamente el lugar en que viven, alterando los flujos y pendientes, propiciando no tan solo sequías, sino también inundaciones en las zonas que habitan las familias. Situación similar viven las personas de Ancud, que ven como la Playa de Mar Brava está siendo amenazada por la instalación de un mega proyecto eólico, el Parque Eólico Chiloé, de la empresa chileno-sueca Ecopower, que trastornará seriamente el ecosistema y provocará profundos cambios ambientales en la zona.

Estas problemáticas, que son reales, que ya se pueden ver, no tienen que ver con creer en uno u otro modelo de desarrollo (u oponerse a él), o con uno u otro modelo de Estado. Son las consecuencias nefastas de un sistema político, conocido como neoliberal-extractivista, que subordina el trabajo y la vida a la obtención de rentas para unos pocos privilegiados que detentan el poder real en nuestro país y el mundo.

Los resultados del modelo en la población son graves. Y mucho. Según el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) de la comuna de Quellón, por ejemplo, las cifras de pobreza indigente y no indigente superan el 25%, uno de los índices más altos a nivel regional y nacional. No tan solo eso, “las mujeres de Quellón han experimentado la violencia desde muchos años. Esto debido a la permanencia de factores familiares y sociales que mantienen arraigada esta conducta: hombre proveedor, machismo, alcoholismo, temores, poder de decisión exclusivo del hombre, violencia masculina, etc., lo que se manifiesta en los diversos espacios de la vida de las mujeres, especialmente en el plano intrafamiliar: relaciones de pareja, de padre a hijas, inclusive desde hijos hacia sus madres.” Esto se agrava especialmente  con la existencia de redes de trata de personas, especialmente para la explotación sexual infantil, y la violencia que se mantiene constante y sonante en nuestras calles y casas, y que ya el año 2011 alcanzaba niveles preocupantes.

Muestro esto, no con el afán de denostar a mis vecinos y vecinas (aunque sí creo debiésemos denunciar y funar cada uno de estos actos violentos y las personas que los ejecutan), sino que mi objetivo es señalar una muestra del engaño y la ilusión en que vivimos a diario (el alcoholismo y la drogadicción, por ejemplo, muestran cifras preocupantes en todas las comunas del Archipiélago, sobre todo en zonas rurales), y apuntar a que en el pueblo más intervenido de Chiloé por la industria salmonera, ésta ha permitido, con la excusa de un par de lucas más de sueldo, la degradación de la vida de nuestras comunidades y el permanente peligro en que viven las niñas y niños en este entorno. ¿Es eso lo que queremos? ¿A eso le llaman desarrollo?

No es tan solo una resistencia política el ser crítico con ello, sino que es un ejercicio legítimo de autodefensa de nosotras y nosotros mismos, y de nuestras comunidades y familias, el organizarse y construir alternativas.

Revalorar nuestra existencia, posicionar la acción y el pensamiento. Nosotras y nosotros lo merecemos.

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