Reforma a la educación superior de Bachelet: Educación pública como mercado regulado

Por Luis Felipe Zúñiga, consejero de Facultad de Derecho UChile y militante ContraCorriente

Se aprueba el proyecto de reforma a la educación superior en la Cámara de Diputados quedando pendiente su trámite en el Senado, lugar que, de no mediar la presión del Ejecutivo, posiblemente mantenga la gratuidad por medio de una glosa en la ley de presupuesto del año 2018. Así, la garantía del derecho social a la educación seguirá dependiendo de una discusión anual, cuestión que contraviene las obligaciones internacionales del Estado de Chile en materia de derechos económicos y sociales.

La discusión del proyecto no estuvo exenta de críticas provenientes de todos los sectores – incluido el oficialismo – quienes sostenían como puntos comunes de crítica al Proyecto: (i) un aparato burocrático excesivo carente de coordinación al momento de aplicar sus potestades; (ii) temor sobre la forma de determinación de aranceles y matrículas, regulados por la nueva Subsecretaría de Educación Superior y, derivado de lo anterior, (iii) el déficit que podrían enfrentar algunas instituciones que decidan formar parte del nuevo sistema.

Sin embargo, las críticas por la izquierda tampoco son menores. La existencia de un ente fiscalizador con características de Superintendencia viene a reconocer y perpetuar el mercado educativo en nuestro país, en tanto se mantiene una estructura educativa cuya provisión sigue en manos de entes privados que continúan parasitando de los recursos públicos. Esto explica la necesidad de crear un ente que fiscalice dichos recursos, pues, ha sido la experiencia de los últimos 10 años la que ha instaurado dicha necesidad tras el cierre de universidades fraudulentas que han engañado a miles de familias con la promesa de una profesión universitaria y un futuro más próspero. Al igual que otras Superintendencias, su rol se traduce en fiscalizar un mercado, lo cual demuestra que para el Gobierno de la Nueva Mayoría la educación sigue siendo un bien de consumo que se adquiere en un mercado regulado.

Por tanto, la inmutabilidad de la estructura de la oferta educativa, que obliga al Estado a pagar subvenciones a entes privados, es la que imprime la necesidad a este último de fiscalizar los recursos entregados. Cuestión del todo prescindible si se hubiese estimulado el crecimiento y desarrollo de la educación pública estatal que, en tanto entes públicos, sus recursos serían fiscalizados por instituciones ya existentes, tales como la Contraloría General de la República o el mismo Ministerio de Educación.

Por otra parte, el proyecto de reforma es capaz de mostrarnos luces de la táctica adoptada por el Gobierno para enfrentar la coyuntura educativa. En primer lugar, una división de la reforma al sistema que dificulta una respuesta social unitaria al proyecto; secundarios/as, profesores/as, funcionarios/as universitarios/as (estatales y no estatales) tuvieron que responder descoordinadamente a una agenda que nunca pudieron -ni tuvieron posibilidad- de controlar. Un segundo movimiento, consistió en diagnosticar la imposibilidad de salvar al sistema público sin, al mismo tiempo, regular la existencia de los oferentes del mercado educativo, hecho que dio lugar a la necesidad de crear un Superintendencia que fiscalizara a las instituciones de educación superior en el empleo de los recursos públicos que verán abonados a sus arcas, como dijimos en un comienzo. El tercer elemento, consiste en esbozar, sin mayores controles, una estrategia de desarrollo que afronte los errores cometidos por la Concertación al aumentar la cobertura educativa sin visión país, y que hoy tiene al 60% de los profesionales sin ejercer sus respectivas disciplinas, o en la cesantía ilustrada del siglo XXI que afecta mayormente a jóvenes recién titulados.

La intención del bloque en el poder para sortear la crisis educativa dice relación con la necesidad de dar conducción, mediante objetivos de desarrollo previamente definidos-artículo 7 del proyecto-, a una oferta educativa que ha marchado los últimos 30 años según los vaivenes de la oferta y la demanda. Resulta vital para esta arquitectura la creación de la nueva Superintendencia de la Educación Superior, que tiene amplias potestades para evitar los excesos del mercado en la asignación de recursos, así como también para garantizar el efectivo cumplimiento de la prohibición de lucro. Luego, los criterios establecidos en la ley para optar a los recursos públicos no parecen significar nuevos requisitos para las universidades tradicionales, por el contrario, parecen ser una línea divisoria para identificar a aquellas instituciones que quedarían fuera del reconocimiento estatal y que parece amenazar a cientos de miles de estudiantes que pertenecen a dichas instituciones. De igual forma, los criterios para el financiamiento público tampoco imponen nuevas exigencias para las universidades tradicionales y terminan por enterrar el programa Confech en lo referente a orientación del conocimiento, educación no sexista y democracia al interior de los planteles.

Parece complejo poder dar un juicio cerrado sobre el proyecto, pues se espera que en el Senado sea modificado en variados aspectos. De lo que sí hay claridad, es que los puntos Confech parecen estar cada vez más lejos de ser oídos, por lo que los resultados de años de movilización estudiantil se han materializado en la reducción de excesos de mercado y aumento de recursos públicos a instituciones ineficientes para los objetivos políticos que tienen los sistemas educativos en países “OCDE”. Al parecer, la deuda privada de las familias será reemplazada con deuda pública, dado el aumento del déficit presupuestario y la poca recaudación que tuvo la reforma tributaria del gobierno. En cualquier caso, esta reforma solo esconde la mugre debajo de la alfombra, quedando latente la posibilidad de nuevos conflictos en el futuro próximo.

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