Los niños y niñas sufren por la forma en que se organiza el trabajo

Por José Matamala Pizarro

Piececitos de niño, 
dos joyitas sufrientes, 
¡cómo pasan sin veros 
las gentes!”

(Gabriela Mistral, “Piececitos”, 1924)

 

Lo que duele y molesta queda en el olvido.

El olvido permite que aquello que nos causa una afección penosa – por ejemplo, la frustración- se mantenga contenido en un depósito, en una caja fuerte que cuando la miramos nos da la sensación de estar vacía. Pero esa sensación no tiene sustento real. Opera como ilusión asentada en una negación; quiere cancelar la mirada respecto de aquello que es evidente, que suscita nuestra atención y se nos vuelve impertinente.

Edgar Allan Poe en su cuento “La Carta Robada” (1844) expuso cómo el olvido condujo al error el procedimiento efectuado por el prefecto en la búsqueda de una carta. El prefecto buscó en los lugares de difícil acceso, siguió el protocolo de búsqueda que usualmente empleaban en su departamento. Sin embargo, su esfuerzo fue en vano porque no encontró el documento. Dupin, reconocido investigador, le hizo notar su equívoco y se embarcó en la búsqueda de la misiva. La halló en un tarjetero que pendía de la chimenea de la casa del ladrón. Tuvo la astucia de mirar donde el prefecto no quiso hacerlo –lo olvidó- pese a que el tarjetero estuvo a su vista. No canceló su mirada y aceptó con afán investigativo lo fastidioso de la búsqueda. En el mismo lugar donde el prefecto le dijo que no la encontró, Dupin localizó la carta robada. No se dejó engañar por la ilusión del olvido, perseveró en la búsqueda y encontró algo valioso, pese a lo molesto que fue el mismo proceso para el prefecto. Se apartó de la idea de que el olvido es un depósito desierto y aceptó lo indicado por Mario Benedetti (1995) en su poema “¿cosecha de la nada?”: el olvido no es una cosecha de nada, sino que está lleno de memoria.

El olvido es el fruto de la memoria dolorida y molesta.

En el poema de Gabriela Mistral (1924) “Piececitos” – del que tomé una estrofa para iniciar este escrito- realiza una crítica fulminante a las personas que ignoran las cosas que suceden a su alrededor. Éstas, motivadas por el olvido, actúan como ciegos frente a una realidad que expone una malísima situación; la precaria vida que viven los niños y niñas de nuestro país.

Piececitos de niño,
azulosos de frío,
¡cómo os ven y no os cubren,
Dios mío!”

A pesar de las notorias necesidades y problemáticas, la atención puesta a la protección de la infancia no ha sido suficiente. Pareciera que se opta por dejar en el olvido la ignominia de la que son objeto. El sufrimiento que sienten los niños y niñas se desplaza hasta ser depositado en el baúl de la desmemoria.

Hace un tiempo compartí en el periódico “Frente Vereda” una nota que intitulé “El sufrimiento y trabajo por la causa de los/as niños/as”. La escribí a propósito de la noticia de las 37 niñas que fallecieron en un incendio de la residencia de protección “Hogar Seguro” en Guatemala. En ella comenté que las niñas buscaron combatir la desmemoria a través de una protesta, sin embargo, su lucha fue acallada por la violencia institucional. Sus gritos de rebeldía fueron extinguidos con las llamas del encierro. Algo parecido a lo ocurrido en el enclave abusivo del Servicio Nacional de Menores (SENAME) de nuestro país que asfixió las vidas y condenó a la caja fuerte del olvido a los 1.313 niños y niñas muertos en las residencias.

La desmemoria, el encierro residencial y la violencia institucional son promotores del olvido y del desplazamiento del sufrimiento de los niños y niñas al lugar donde se puede ignorar. Su luz de vida se extingue en recintos que operan para cancelar la mirada a las precariedades que recorren; otra forma de solución implicaría un fastidio para los tecnócratas que validan la mantención de los centros residenciales como tramitadores del olvido. Es como pedirle a los psiquiatras que piensen en un lugar diferente para atender la locura que no sea un manicomio, un hospital psiquiátrico o un programa residencial que desarraiga a las personas de sus entornos comunitarios. Tal vez su respuesta inmediata sea la de utilizar esos espacios para el tratamiento, pues sería latoso para ellos buscar una alternativa para investigar, proponer y mantener una atención que valide la historia, la memoria y el padecimiento de sus pacientes. A cambio de ese hastío, validan la utilización de centros que promueven el olvido y el desplazamiento del sufrimiento de la locura. Algo similar a lo que ocurre con los niños y niñas que se encuentran en situación residencial. Lo que duele y molesta al conjunto de la sociedad se deja confinado en residencias, manicomios, cárceles, asilos, entre otros.

El hombre ciego ignora
que por donde pasáis,
una flor de luz viva
dejáis”

El olvido está atiborrado de memoria sufriente.

Al inicio del Siglo XX la situación de la infancia en nuestro país era tan paupérrima – por motivos de la cuestión social- que era común su muerte por enfermedades infecto-contagiosas, desnutrición, trabajo infantil y semi-esclavitud, abandono parental, delincuencia, entre otros. La organización del trabajo, basada en la consolidación del capitalismo chileno, tendía puentes para permitir una incipiente industrialización acompañada de un proceso de urbanización – por la migración campo-ciudad- que menguó significativamente la vida de la clase trabajadora. La clase trabajadora asentada en las urbes tenía una descendencia numerosa. Esta gran masa infantil laboral era empleada en labores de ventas de frutas, hierbas, aprendices de artesanos, cargadores de madera, en la agricultura, en las fábricas, la minería, el trabajo callejero, etc. En 1902, tal como señala Jorge Rojas (2006 [2010]) en su obra “Los suplementeros: los niños y la venta de diarios Chile, 1880-1953” un grupo de niños no quiso seguir vendiendo “El diario Ilustrado” por encontrar que el pago por la venta de los ejemplares era bajo respecto al alza de precios de los mismos. La huelga fue tan efectiva que el diario tuvo que ceder a la demanda de los niños huelguistas.

En efecto, los niños habían tomado como experiencia la organización obrera sobre la huelga, algo que para Sergio Grez (1997) en su obra “De la regeneración del Pueblo a la huelga general” marcó un hito – en la huelga general de 1890 – en la forma de afrontamiento de la clase trabajadora al capital para la consecución de mejoras en sus condiciones de vida. La huelga de los niños suplementeros sirvió para admirar la capacidad de defensa de su fuente de trabajo, pero dejó entreabierta la discusión sobre los niños y niñas como sujetos de derecho. Solo en 1924, en la declaración de Ginebra, se asumió el compromiso moral de dar a los niños y niñas lo mejor “posible”. Aquello llevó a que en Chile en 1928 se decretara la ley de menores y se abriera la institucionalidad a la consideración social de las necesidades de la infancia. Sin embargo, “el sistema de protección de la infancia asumirá el control social preventivo de la delincuencia y la ayuda social, que antes conducía la filantropía” (Soto, P y Peralta, M. 2016. “Política de protección a la infancia de Chile: La omisión pertinaz”, p. 16). La visión que se impuso fue la de la re-educación y la defensa de la sociedad frente al peligro de la infancia insubordinada o menesterosa. Por tanto, esta ley siguió el camino de la ley de protección de la infancia desvalida de 1912: centrada fundamentalmente en la reclusión de los niños vagos y delincuentes” (Schonhaut, L. 2010. “Profilaxia del abandono: Cien años de protección de la Infancia en Chile, p. 306).

Manitas de los niños
que al granado se tienden,
por vosotros las frutas
se encienden”

(Gabriela Mistral, “Manitas”, 1924)

La reclusión en el olvido de la memoria sufriente infantil

La orfandad en Chile fue el motor que abrió paso a la construcción de Casas de Huérfanos y/o de niños Expósitos – los que eran abandonados en las calles, “expuestos” para que alguien los recogiera- pero la reclusión en dichos centros solo les aseguraba penumbras. En la época, el 80% de los infantes moría en dichas casas. La compasión filantrópica no fue suficiente para asegurar la vida de los niños y niñas pobres, huachos, mendigos y delincuentes. La medicina se inmiscuyó en la organización de la Casa Nacional de la Infancia, donde la pediatría produjo gran cantidad de investigaciones científica. Solo en 1942, gracias a la crítica de la medicina pediátrica, la Casa Nacional de la Infancia logró ser considerada un espacio de protección transitoria, por lo que los servicios sociales – ejecutados por asistentes sociales- ayudaban a que las mujeres pudieran acceder a mejores condiciones para asumir los cuidados de sus hijos e hijas.

Los niños y niñas delincuentes eran recluidos en correccionales. Según Jorge Rojas (2010) en su obra “Historia de la Infancia en el Chile Republicano: 1810-2010” en 1921, el 53% de los niños y niñas ingresados en centros correccionales lo hicieron bajo solicitud de sus padres. El resto de los niños y niñas, debían comenzar a asistir obligadamente a las escuelas desde 1920, porque se decretó la ley de instrucción primaria.

Desde 1920 a 1950 el afianzar del Estado de Beneficencia acorde a la organización del trabajo radicada en el patrón de Industrialización por Sustitución de Importaciones, permitió que la infancia fuera un foco de mayor interés de políticas públicas. La ya mencionada ley de instrucción primaria se sumó al declive del trabajo infantil – aunque no desapareció, pues persistían labores infantiles en el campo, en actividades domésticas, las minas, entre otros- se legisló sobre el abandono, el pago de pensión de alimentos, la regulación de la adopción; aunque se mantuvo la diferencia entre hijos legítimos e ilegítimos, protección del lactante y a la maternidad. Sin embargo, la política pública no eliminó completamente la intervención privada en materia de promoción de derechos de los niños y niñas. El Estado siguió subvencionando la obra de caridad de la Sociedad Protectora de la Infancia, aunque contaba con el Consejo de Defensa del Niño.

Los efectos de la inflación, el desabastecimiento y las limitaciones del modelo industrializador incidieron a que en el período de 1950 a 1973 las organizaciones populares propugnaran proyectos de profundización de las reformas y/o lisa y llanamente hicieran un llamado a la transformación de la sociedad. La reforma educacional de 1965 amplió la cobertura educativa, en 1959 se amplió el beneficio del descanso post-natal en seis semanas – el mismo año en que se proclamó la Declaración de derechos del niño por las Naciones Unidas-. Sin embargo, para 1969, el mismo Jorge Flores señala que la mortalidad infantil era más elevada en el segmento de las clases populares respecto a las clases pudientes. Mientras en Las Condes morían 65 niños por cada 1000, en Barrancas lo hacían 118 por cada 1000. Pero no solo se apreciaban estas diferencias en la mortalidad, también se apreciaban en la educación y en la vivienda. Mientras en Las Condes por cada maestro había 25 estudiantes, en Barrancas por cada maestro había 52 alumnos; en la primera comuna solo un 9% de las viviendas tenía problema de hacinamiento, en la segunda el 69% lo presentaban.

Manitas extendidas,

piñón, caracolitos,

bendito quien os colme,

¡bendito!”

La creación del Consejo Nacional de Menores (CONAME) en 1966 – bajo la reforma a la ley de menores- permitió que el Estado tuviera un ente articulador de la protección y asistencia para la infancia en situación irregular. Ya en 1970 estaban en plena operación, bajo modalidad de subvención estatal, las empresas privadas de infancia: Fundación Mi Casa, Fundación Niño y Patria, Consejo de Defensa del Niño, casas del Buen Pastor, el Hogar de Cristo, etc. Las empresas privadas vivían a costa del Estado gracias a la tributación de éste para que ejecutaran programas sociales de apoyo a la infancia.

La reforma educacional de 1965, la reforma agraria y la chilenización del cobre fueron hitos de reformas en el período de Gobierno de la Democracia Cristiana que buscaron ser profundizados durante el gobierno de la Unidad Popular. Se aseguraron derechos básicos, como el acceso al consumo de leche, a los parques infantiles, aumento de la cobertura de la educación, cuidados en salud, entre otros. Inclusive, los niños y niñas participaban en las conocidas corridas de cercos y en las tomas de terreno. La Unidad Popular los consideró la población objetivo de toda realización de la política pública, tal como lo deseó Gabriela Mistral en 1927, así lo hizo saber el movimiento popular en la respuesta dada al paro patronal de 1972, con el surgimiento de las JAP y los negocios populares “la entrega del medio litro de leche para todos los menores de 15 años nunca se interrumpió” (Rojas, Jorge. 2010. Obra citada anteriormente, p. 640).

Sin embargo, los avances graficados en el período de 1950-1973 se vieron obstaculizados por la contrarrevolución cívica-militar comanda por Augusto Pinochet. La regresión en el ámbito de la protección de la infancia se materializó en la creación del Servicio Nacional de Menores (SENAME) en 1979. Bajo el dominio del Ministerio de Justicia, el enfoque del servicio – por la vía regresiva- se hizo de la misma ideología del control sustentada por la ley de menores de 1928.

Se consolida así una historia de confusión de la protección y el control, con un órgano administrativo que atiende tanto las infracciones a la ley, como las situaciones de vulneraciones de derechos, a través de un único catálogo de medidas que imponía la ley de 1967, concentrado en un fuerte dispositivo de diagnóstico psicosocial y en la privación de libertad en centros de menores como medida privilegiada” (Soto, P y Peralta, M. 2016. “Política de protección a la infancia de Chile: La omisión pertinaz”, p. 17)

La organización del trabajo sufrió una nueva modificación. La victoria de los Chicago Boys sobre el grupo fascista-corporativista expresado en los grupos de presión de la dictadura militar impuso el modelo neoliberal, lo que significó una acelerada privatización de servicios y empresas estratégicas. La contracción del gasto social y la focalización potenciaron el negocio privado con atribuciones que anteriormente había realizado el Estado – o muy limitadamente los privados- y que con mucho esfuerzo la clase trabajadora lo había responsabilizado para asegurar dichas materias y derechos.

Y los panales llenos

de su carga se ofenden.

¡Y los hombres que pasan

no entienden!”

El olvido como huella dejada por las personas que pasan.

Pese a que en 1990 Chile suscribió la Convención Internacional de derechos del niño, la precaria consideración de la protección de la infancia –por la vía regresiva- hizo que la Unicef en 1997 ya mencionara que en nuestro País las políticas públicas hacia los niños y niñas no eran efectivas. De hecho, bajo el gobierno de Ricardo Lagos se aprobaron leyes punitivas, como las leyes de responsabilidad penal adolescente, y leyes de protección a la infancia basadas en la subvención a empresas privadas – conocidas como Organismos colaboradores del SENAME- consolidada en la ley 20.032 del año 2005. En 2016, un artículo hecho por el periódico The Clinic intitulado “Los millonarios recursos que los organismos colaboradores del SENAME acumulan en sus cuentas corrientes” develó como estas empresas acumulan capitales a cambio de desarrollar programas de intervención para la infancia vulnerada en sus derechos. En dicha nota me entrevistaron en calidad de dirigente sindical de una de las empresas privadas que es reconocida como colaboradora del SENAME. En el artículo se develó el lucro en el que han incurrido algunas de estas empresas por la vía de generación de aposamientos. A modo de ejemplo, Ciudad del Niño, que es la depositaria del Consejo de Defensa del Niño, en 2016 tenía acumulado en su cuenta corriente más de 570 millones de pesos.

Pese a que el primer Gobierno de Michelle Bachelet instituye programas para la primera infancia, como el programa Chile Crece Contigo, aumenta la cobertura en salas cunas, insistió con la focalización y privatización de la política pública de Infancia. La ley que crea los Tribunales de Familia, además de supervigilar materias de cuidados y protección de la infancia, permitió engrosar la lista de atención privada ambulatoria o residencial a cargo de los Organismos colaboradores del SENAME. Lo mismo ocurrió con la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. En la actualidad, cerca del 90% de la política pública de infancia es ejecutada por empresas privadas, que, por la vía de la ley de subvenciones, acaudalan recursos públicos en sus cuentas corrientes.

Además, cabe mencionar como el gobierno afrentó el 2006 la revolución pingüina: utilizando la fuerza policial para reprimir el movimiento estudiantil que volvió a poner en el tapete la necesidad de recuperar el derecho a la educación.

En el gobierno de Sebastián Piñera no se realizaron mayores modificaciones a esa realidad, pese a que en el año 2012 anunció en su cuenta pública que enviaría un proyecto para crear un nuevo servicio de protección de la infancia. Sin embargo, muy poco demoró en enviar el proyecto para criminalizar la protesta estudiantil, proyecto conocido como “Ley Hinzpeter”.

En el segundo gobierno de Michelle Bachelet se dio a conocer el informe SENAME II, donde se expuso las pésimas condiciones que enfrentan los niños y niñas en los centros de administración directa o privatizada de responsabilidad del servicio. El informe, redactado posterior al conocimiento de 1.313 muertes en residencias del Servicio y al conocimiento del fallecimiento de Lissette Villa, fue rechazado por los parlamentarios. La principal responsable del funcionamiento del servicio, la Ministra de Justicia, quedó impune del crimen estatal vejatorio de los derechos humanos de los niños y niñas de Chile. De hecho, hace poco la Suprema rechazó el recurso de amparo presentado a favor de los niños y niñas mapuche que fueron duramente violentados en la Escuela de Temucuicui por efectivos policiales. Y, además, el parlamento no aprobó el proyecto de aborto terapéutico en tres causales. Una de ellas estipula el derecho de la niña a abortar cuando fue objeto de una violación. Al parecer, la institucionalidad no está dando el ancho con la preocupación mayoritaria de la población que requiere derechos efectivos para la infancia.

Benditos los que oyendo

que parecéis un grito,

os devuelven el mundo:

¡benditos!

Devolver al mundo la memoria sufriente.

Tal como lo hizo Dupin para encontrar la carta robada, en la búsqueda de la memoria sufriente de la infancia pude hallar algo valioso: que la organización del trabajo implica formas de sufrimiento para los niños y niñas del país.

Tal como lo mostré en los períodos que cité, cada unas de las formas de organización del trabajo ha implicado consecuencias en el desarrollo de la infancia. Si al inicio del siglo XX la causa de muerte de los niños y niñas se asociaba con el abandono parental provocado por la pobreza – como retoño de la migración campo-ciudad-, en la actualidad la muerte se ha visto rondando en centros residenciales donde supuestamente hay Otro – la institución bajo la forma “Hogar”- que debe asegurar la supervivencia y los derechos de la infancia cuando los padres no pueden hacerlo – porque sus trabajos son precarios o están cesantes- u otro familiar.

A cada momento histórico particular, determinado por la formación económica-social, le corresponde una forma de institucionalidad para el abordaje de las necesidades de la infancia. Si en su momento el CONAME fue el articulador de los organismos de la infancia, en la actualidad se mantiene el SENAME bajo la lógica de la focalización y privatización de la política pública de infancia. Mientras en el período de la industrialización y el Estado de bienestar el aporte a los privados era menor, en nuestro período, regido por la organización primario-exportadora y del Estado neoliberal, el aporte a las empresas privadas es mayor.

La concepción de la infancia tiene una vía regresiva hacia el control, la punición y la caridad. Aunque se hable de los niños y niñas como sujetos de derechos, en realidad la infancia sigue siendo considerada un segmento poblacional subyugado a los intereses de terceros, ya sean los padres, los servicios, las escuelas, etc. Así, han (re) aparecido tendencias conservadoras religiosas que se oponen al aborto terapéutico en niñas o al ejercicio de la identidad trans. De hecho, hace pocos días, en la Escuela Parralito, localidad cercana a la ciudad de San Carlos, un pastor evangélico se indignó porque los niños y niñas de 5° básico asistieron a una charla sobre educación sexual.

Por otro lado, la visión carcelaria para afrontar la delictiva juvenil se mantiene. Con la ley de Responsabilidad Penal Adolescente, los niños y niñas deben cumplir sanciones en regímenes semicerrados o cerrados. En muchos de esos centros son tratados como reos adultos. La visión punitiva se impone por sobre la protección, por eso no es extraño que la mayoría de los presos adultos hayan estado en algún programa de responsabilidad penal adolescente.

En cuanto a la caridad – que también funciona como retoño de la filantropía de inicio del S. XX- se beneficia de las campañas, de los aportes privados y de las subvenciones del SENAME. De hecho, esta forma de administración de la política pública tiene un impacto directo de la organización del trabajo de la infancia.

Las empresas, que reciben la mayoría de los ingresos del Estado, recurren al artículo 304 del Código del Trabajo para negar el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva. Esgrimen que, por estar sujetas a más del 50% de financiamiento del Estado, no pueden negociar las condiciones en las que se desarrolla el trabajo en sus programas. Por la vía de aparentar una obra caritativa – que en realidad es una venta de servicios- impiden que los trabajadores de la infancia mejoren sus condiciones laborales. Las empresas se aprovechan de la alta preocupación por los niños y niñas de los trabajadores y trabajadoras a cambio de ofrecer condiciones muy desfavorables para el ejercicio de su trabajo: bajos sueldos, alta rotación, precariedad, ausencia de cuidados de equipo, prácticas antisindicales, entre otros. La organización del trabajo actual, basada en la lógica neoliberal, no solo consume el sufrimiento de los niños y niñas, sino que también absorbe el sufrimiento de los trabajadores que se dedican a promover los derechos de la infancia. Tal como señala Cristophe Dejours (2009) en su obra “Trabajo y sufrimiento”, el sufrimiento crea trabajo. Y el trabajo se puede dar en un clima de violencia banalizada. Así, por ejemplo “la violencia no está en la falta de autoridad de los adultos ni en la laxitud educativa, sino en la falta de empleo de los padres…” (Dejours, C. 2009. Trabajo y violencia, p. 40). Entonces, si la falta de trabajo genera violencia, por qué la violencia de la que son objeto los trabajadores de la infancia cuando cierran los programas de manera anticipada – dejando de paso a los niños y niñas sin atención- no se relaciona con la violencia que viven los niños y niñas. Es impresionante observar que la misma violencia que lleva a que los niños y niñas ingresen a los programas – la violencia de la pobreza, del desempleo de sus padres- se vuelva contra los trabajadores que los atienden – la violencia de los despidos y los cierres anticipados de los programas- pero a la vez se sienta ajena, como que la organización del trabajo no tuviera ni relación con el sufrimiento de la infancia ni con el sufrimiento de los trabajadores. Sin embargo, hay una conexión íntima que se formula en la organización del trabajo, que contiene a la vez el depósito de aquello que quiere ser negado, tratado como desierto o vacío.

El olvido del que han sido objeto no es más que la negación de la mirada de aquello que sustenta la vulneración de sus derechos; la organización del trabajo respecto a la forma de acumulación de capital. Desde el transcurso del siglo XX y lo inicial del Siglo XXI los niños y niñas han sufrido por la forma en que se organiza el trabajo. Antes sufrieron abandonados en casas de expósitos en los anales de la industrialización del período previo al Estado de Bienestar, hoy sufren confinados en centros residenciales administrados por el SENAME o sus instituciones colaboradoras, sufren en casas estrechas hacinados por la violencia machista, o se lamentan en escuelas subvencionadas. Antes sufrieron porque debían trabajar en las minas, hoy sufren porque trabajan en las calles vendiendo flores de goma eva o golosinas de eucaliptus. Antes y hoy, su sufrimiento tiene que ver con la forma en que se organiza el trabajo. Quien no acepta esto, actúa de la misma forma que el prefecto en la búsqueda de la carta robada: cegado por lo latoso de mirar aquello que está presente y próximo, perturbado por la fantasía que impone el olvido de lo que duele y molesta.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *