Precarizados y Radicales. La experiencia del movimiento estudiantil en la Universidad de los Lagos y su táctica el 2017

“Me gustan los estudiantes
que marchan sobre la ruina”

Violeta Parra

Por Fabián Agüero

Contexto

El pasado 23 de julio se daba termino a la última mesa de negociación establecida entre estudiantes y el cuerpo directivo de la Universidad de Los Lagos. La mesa estaba conformada por representantes estudiantiles de la federación de estudiantes de la sede Osorno, representantes de los centros de estudiantes de las sedes de Puerto Montt y Osorno, delegada del Instituto Tecnológico Regional (ITR, educación técnica profesional dependiente de la Ulagos) y además contaba con estudiantes delegados desde las asambleas de Puerto Montt y Osorno, los que debían afrontar un proceso de negociación del respectivo petitorio en una coyuntura donde además se llevaba a cabo una nueva elección de rector universitario.

Universidad de Los Lagos: entre el abandono y la precariedad.

Ha sido materia de amplios debates y programas de lucha la situación de crisis evidente del sistema de educación superior en Chile. Sistema que está fundamentado esencialmente en una lógica de “convivencia mixta” en donde el Estado asume un papel de promotor y subvencionador (y últimamente intentando ser un regulador) de la demanda educativa (controlada por capitales privados en forma de deuda) en forma individual a través de la cobertura al arancel educativo. Pero más allá de analizar esa relación estructural en las formas de reproducción crediticia que adquiere la educación-mercancía bajo el actual sistema mixto de educación, nos toca referirnos a las “secuelas” concretas con que las instituciones del Estado quedan bajo una lógica de competencia desigual contralada por la presión del mercado rentista de servicios educativos, sobresaliendo con ello la situación de precarización financiera de la Ulagos en la región de Los Lagos.

Es evidente que bajo un modelo de competencia desigual en donde el servicio educativo adquiere un valor “propio” en el mercado, las universidades que no estén “hechas para lucrar” quedaran a la deriva en tanto no ajusten sus modelos de administración política y financiera a esta “presión del mercado”. Esos ajustes por presión fueron básicamente los que pusieron en crisis a una serie de instituciones estatales de educación superior en las décadas de los 90 y 2000. Pero con los ajustes también vinieron otras secuelas relevantes, entre las que resalta claramente la cuestión del llamado autofinanciamiento institucional, mecanismo que puso a la deriva especialmente a universidades estatales regionales que producto del abandono financiero directo de parte del Estado debieron hiper-corporativizar sus administraciones políticas al punto de depender de las “destrezas” financieras de sus organismos de análisis económico y de los organismos políticos asociados a un mando gerencial desde las figuras autoritarias de los rectores.

La cuestión anteriormente expuesta llevo en el caso específico de la Ulagos a sortear una serie de crisis financieras durante la década de los “90” las que “estallaron” abruptamente en la gran crisis del 2009. Se registraba a inicios de ese año un déficit estructural por más de $2.020.000.000, lo que en términos de “solución” institucional se tradujo en la reducción de personal académico y de funcionarios y en un aumento en la presión al pago de créditos pendientes hacia estudiantes, junto con otras consecuencias inmediatas en las condiciones de estudio de miles de estudiantes.

El fenómeno descrito nos expone de forma general la conjugación entre los tres elementos característicos de la crisis de la educación superior estatal en Chile, esto son: la presión construida a partir de la existencia del mercado educativo, el papel ineficiente del Estado en tanto financiador y regulador del mismo y las lógicas gerenciales y autoritarias de la administración política universitaria, las que al sintetizarse en una sola “razón educativa” producen una hiper-mercantilización de la vida universitaria y con ello una extrema precarización y flexibilización de las condiciones de estudio y trabajo de los actores educativos de las universidades estatales más pobres de Chile.

El movimiento estudiantil en la ULA: la necesidad de un programa radical.

Si lo que existe es una universidad del Estado precarizada y donde en cada “ajuste” financiero son los estudiantes y trabajadores los que “pagan” las consecuencias, y con ello se quieren cambiar estas lógicas, se debe examinar fijamente el nicho del problema de forma totalizante. Desde el 2006 el movimiento estudiantil en la ULA había venido planteando una serie de demandas asociadas a mejoras en infraestructura, financiamiento y de forma general demandas vinculadas a la “necesidad” de democratización triestamental de las estructuras de administración universitaria. Lo complejo de estas demandas (sobre todo la cuestión de la democratización) era que se presentaban de forma fragmentada y aislada con respecto a otros repertorios programáticos y de conflicto estudiantil, lo anterior se conjugaba con una correlación de fuerzas políticas y sociales insuficiente para “hacer presión” real al gobierno universitario.

Fue a partir del eje 2014-2015 -y teniendo en cuenta la vasta experiencia que se logró capitalizar entre los ciclos de conflictividad 2006-2011- que se pudieron empezar a generar los primeros atisbos de programa político (en el sentido “clásico” del “programa mínimo”). El programa estaba sustentado en la identificación -por parte de los grupos de dirección- de la contradicción mercado-democracia (que superaba la falsa dicotomía mercado-estado neoliberal planteada por algunas posiciones políticas desde la izquierda) como cuestión central de la lucha en una universidad estatal precarizada. En términos de estrategia de lucha esta experiencia utilizó fundamentalmente la maniobra de desgaste prolongado (paralización y toma general extendida) combinada con tácticas de maniobras (hitos mediáticos) y avance de posiciones que pudieran demostrar un ascenso en la radicalidad del método político.

En términos de organización, el movimiento en Osorno siempre reconoció una relativa diversidad de direcciones, cuestión que pudo dar vida a una mayor cobertura (durante algunos momentos de las movilizaciones) en distintos rangos de acción política sin desconocer el “control programático” que se centró políticamente en el avance de la cuestión triestamental mediante una refundación estatutaria a nivel universitario (clímax al cual se llegó el 2015) y que se combinaba con elementos de control financiero asociados al costo de la matrícula y los aranceles.

Sintetizando este punto: la combinación de elementos estructurales como la precariedad basal de la Universidad de Los Lagos, la mayor posibilidad de “libertades” de movimiento desde el estamento estudiantil (al no ser una institución privada con estatutos y reglamentos dependientes de un ente privado), y por sobre todo, la capacidad de aprendizaje sobre la experiencia histórica reciente de las experiencias de dirección, pudieron conjugarse en la emergencia de un programa mínimo que puso como “grito de guerra” el meollo fundamental del asunto, es decir: la necesidad de la disputa de las decisiones y el poder en la universidad.

El 2017 y la maduración táctica.

Ya entrando en la experiencia del 2017 podemos acotar brevemente que este proceso de movilización parte de la necesidad de recuperación del estadio organizativo y de lucha que el movimiento estudiantil venia perdiendo desde finales del 2015. Esa baja en los niveles de organización había traído consigo un declive temporal en la capacidad de avance programático del mismo movimiento (pues las bases concretas de avance democrático se encontraban en evidente repliegue) y con ello un retroceso en las capacidades de “retaguardia política” hacia la defensa de algunas condiciones mínimas en la vida universitaria, de ahí en más que decisiones que afectaron a estudiantes se consolidaran sobre todo el 2016 (como, por ejemplo, la eliminación de facto de los horarios protegidos para la organización estudiantil y la aplicación de decretos que pusieron en riesgo la permanencia académica de estudiantes con problemas de “avance curricular”).

Fue en ese escenario que las asambleas masivas partieron asumiendo la necesidad de re-organización democrática del estamento desde los mismos problemas concretos que aquejaban la vida estudiantil (sobre todo el decreto 626). Esa búsqueda exhaustiva de “soluciones” concretas” llevo a que los niveles de organización y movilización estallaran rápidamente y se re-configuraran espacios organizativos masivos e intermedios vitales para la dinámica del movimiento (como las asambleas informativas, resolutivas y las asambleas por área). De ahí en más que el “momento” además calzara justo en un año donde la elección de rector se aceleró para antes del término del primer semestre académico, escenario combinado que produjo una coyuntura óptima para retomar el “programa mínimo” estudiantil elaborado en el eje 2014-2015.

Pero sin duda el elemento decisivo fuera de las condiciones objetivas desde donde se fraguo la experiencia 2017, fue la búsqueda de convergencia programática y conflictual de las dos principales sedes estudiantiles de la Ulagos (Osorno y Puerto Montt), además de la inclusión de otras sedes de estudiantes técnico profesionales, lo que se tradujo en un movimiento con una capacidad de amplitud de acción y dinámica política poco vista los últimos años en la organización estudiantil del sur de Chile (salvo tal vez por la destacada experiencia de los estudiantes de las sedes de la UDEC el año 2009).

Fue en base a esa unidad programática y conflictual que el movimiento estudiantil Ulagos fue capaz de construir un “Petitorio Único Ulagos” que tomo lo mejor del programa mínimo 2014-2015 y que además abrió sus puertas hacia demandas específicas fundamentales para miles de estudiantes de cada una de las sedes de Osorno, Puerto Montt y Chiloé. El resultado práctico de ese petitorio se tradujo en una mesa de negociación (luego de un mes y medio de conflicto) en medio de la elección de rectoría. En términos concretos eso derivó en el cumplimiento de la mayor parte de las demandas específicas de las sedes, en la capacidad de establecer nuevos acuerdos financieros de “control del costo educativo” (nuevo acuerdo de congelamiento arancelar y nueva rebaja sustancial de matrícula (la más barata de Chile) la que esta vez incluyó a los estudiantes técnico-profesionales de todas las sedes) y por sobre todo en retomar la idea de una refundación estatutaria mediante la re-apertura de una comisión política triestamental que tenga por objetivo construir dicho proceso el 2018.

Podemos aseverar entonces que el salto cualitativo del movimiento estudiantil se produce a partir de la recuperación del conflicto como eje motor del “estadio” del mismo movimiento y que desde ahí se constituyeron rápidos procesos de maduración de entendimiento del momento y la coyuntura interna, lo que se tradujo en la construcción de un movimiento rápido y en ascenso que pudo incluso retomar cuestiones programáticas a partir de procesos aislados de conflictividad parcelada e incluso gremial.

Como desafío inmediato al movimiento estudiantil local le corresponde seguir profundizando el programa exhibido, vincularlo con la discusión nacional acerca del modelo de universidad estatal que se quiere (a propósito de la propuesta de “normas comunes para universidades del Estado) y, por sobre todo, recuperar y socializar las dinámicas y experiencias positivas constituidas al calor de la relación entre precariedad y radicalidad, tal cual ocurrió el 2015 en procesos como la UFRO o la misma Ulagos Osorno.

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