Informe Central al Congreso Fundacional del Nuevo Partido Político

Por el Estado Mayor Central de las FARC-EP

 

Mi mayor satisfacción es verlos de todo corazón comprometidos sin descanso 
en una constante lucha por los cambios por los que muchos combatientes 
ofrendaron sus vidas motivados en la gran causa de la paz con justicia social y 
soberanía. Estoy seguro que con el aporte de cada uno de ustedes, apoyados 
siempre en las masas, el triunfo será nuestro más temprano que tarde
Manuel Marulanda Vélez

Compañeras y compañeros

Nos aprestamos en el marco de este congreso constitutivo del partido FARC a poner fin a medio siglo de lucha armada y rebeldía contra el régimen, derecho universal al que recurrimos en defensa de la dignidad humana, y en demanda de justicia, paz y democracia para Colombia. Nadie debe olvidar que la organización que hoy se convierte en partido político legal nació en 1964 como respuesta a la agresión militar contra la región de Marquetalia ordenada por el presidente del Frente Nacional, Guillermo León Valencia. Y todos debemos tener presente que desde entonces esta resistencia y gesta histórica fue conducida por el genio de Manuel Marulanda Vélez hasta colocarla en la senda de la solución política del conflicto y del acuerdo de paz que hoy celebra la nación. A él y a Jacobo Arenas, con devoción, les ofrecemos el laurel de esta victoria que será el primer paso en la construcción colectiva de futuro y patria nueva.

Fueron décadas de cruenta lucha en la que participaron varias generaciones -lo mejor de nuestro pueblo-, inspiradas en una causa noble y justa. Morimos por miles sí, tras un ideal, tras un sueño, que esperamos concretar muy pronto con el concurso de todos. Miles de los nuestros pasaron por las cárceles y aún continúan en prisión; muchos sufrieron la desaparición, la tortura y todo tipo de vejámenes. El heroísmo de todos ellos y ellas, siempre nos llenó de aliento y de moral para continuar la brega, en medio de las dificultades propias de una guerra asimétrica reforzada con la financiación y la tecnología militar de punta proporcionada por el gobierno de Washington. Durante esas décadas obtuvimos logros importantes, también sufrimos golpes significativos; Pero pudimos en medio de ello preservar y expandir la rebelión, crear expresiones localizadas de nuevo poder y llegar al corazón de importantes sectores de la población, especialmente rural y campesina.

Nos impusieron la guerra, sin embargo nunca consideramos la resistencia armada una finalidad en sí misma; siempre buscamos una solución política dialogada, tal  como se encuentra evidenciado en los numerosos esfuerzos de diálogos y negociación, que se plasmaron por primera vez en los Acuerdos de la Uribe y en los posteriores intentos fallidos de Caracas, Tlaxcala y San Vicente del Caguán, sin dejar de lado los permanentes acercamientos adelantados con los diferentes gobiernos. Todas esas experiencias constituyeron acumulados que finalmente rindieron sus frutos, primero con los diálogos y negociaciones de La Habana, y luego con la firma del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la paz estable y duradera” del pasado 24 de noviembre de 2016. Se produjo de esa manera el triunfo de la solución política que siempre buscamos y, con ello, la nueva situación en la que hoy nos encontramos: la terminación del ciclo del alzamiento armado y el inicio de una nueva fase histórica, llena también de grandes vicisitudes, como se demuestra ya tempranamente, pero sobre todo colmada de la esperanza que encarna la potencia transformadora del conjunto de lo acordado.

La paz que hemos alcanzado no es una paz perfecta, en cuanto es una paz negociada; es la paz de la continuación del conflicto social y de la continuidad de nuestras aspiraciones y propósitos a los que nunca hemos renunciado ni renunciaremos por la vía exclusivamente política. Es la paz basada en acuerdos, a nuestro juicio mínimos y básicos, para avanzar en la superación de las causas de origen y persistencia del alzamiento armado y sobre todo para ofrecerle y dejarle a la sociedad colombiana un legado que abre la posibilidad de iniciar un proceso de democratización política, económica, social y cultural que, de materializarse, transformará para siempre la vida de la sociedad en su conjunto y abrirá las alamedas del bienestar y el buen vivir de las grandes mayorías.

La consecuencia inmediata del acuerdo de paz tiene dos expresiones esenciales y al mismo tiempo dos grandes retos profundamente interrelacionados: el inicio de la implementación de lo acordado, por una parte; y la reincorporación de la guerrilla a la vida civil y el comienzo de la acción política legal, por la otra. En ambos casos, se trata de procesos de largo aliento que deben ser concebidos y comprendidos como campos en disputa, a los que se traslada el conflicto social y de clase que es inherente al orden social capitalista.

La experiencia internacional y la nuestra propia enseñan que la calidad de los procesos de implementación y reincorporación no podemos ponerlos a depender de la voluntad del Estado y su institucionalidad -que no tienen unidad monolítica en esta materia-, sino sobre todo de la capacidad de construir la necesaria legitimidad social y de producir la debida apropiación social de lo acordado, para lo cual la acción política en general, y particularmente la nuestra, juegan un papel central.

La implementación y la reincorporación, para ser comprendidas debidamente, deben ser analizadas en perspectiva histórica y no exclusivamente al fragor del momento. Al tiempo que advertimos los incumplimientos del Estado, las continuas pretensiones de renegociación del acuerdo y las evidentes dificultades de la reincorporación, debemos considerar la nueva perspectiva política que se está inaugurando. En ella se define la visión que se tiene de la paz; ya como una paz negativa que signifique sólo el silenciamiento de los fusiles y el desarme de las FARC-EP; o ya como una paz positiva que marque el inicio de un ciclo de cambios con posibilidad de generar efectos desencadenantes hacia transformaciones mayores.

Acerca de los alcances de la implementación

Una valoración preliminar del proceso de implementación indica que es aspecto fundamental la gran transformación cultural y política que trae consigo el Acuerdo Final. De trascendencia es su indiscutible valor histórico consistente en el cierre del estado de excepcionalidad permanente que representó la guerra y la apertura de una nueva calidad en el trámite del conflicto social a través de la vía política, sobre las base de los acuerdos convenidos. El otro aspecto esencial se refiere a las medidas propias de la implementación temprana, que comprenden las definiciones sobre el marco normativo, constitucional y legal de la implementación, así como el debido alistamiento de la institucionalidad del Estado.

Sobre la implementación temprana debemos reconocer que se han presentado avances en medio de dificultades de diversa índole. El procedimiento expedito conocido como de fast track no tendrá los resultados inicialmente esperados, en la medida en que no solo no será expedida la totalidad de las reformas previstas, sino que las promulgadas y las que aún están pendientes o en proceso de trámite han sido y están siendo sometidas a una renegociación de facto en el Congreso de la República, y frente a ellas no son descartables, además, modificaciones por cuenta de la Corte Constitucional; a lo cual se agregan las presiones de los poderes fácticos, cuando éstos perciben una afectación de sus intereses inmediatos o de las condiciones estructurales de la dominación de clase. De esa forma, se viene expresando lo que los historiadores han llamado el “miedo al pueblo”, el “miedo a la reforma”. Debemos aceptar que la derrota del plebiscito no solo afectó los contenidos del primer acuerdo, debilitándolos, sino que modificó las condiciones de la implementación hacia escenarios adversos. Y también señalar que la manifiesta debilidad del Gobierno lo ha llevado a ceder ante las presiones y a un terreno de evidentes incumplimientos. Pacta Sunt Servanda, los acuerdos son para cumplirlos.

No obstante lo anterior, el producto que salga será un marco normativo que, a pesar de sus limitaciones y dejando tareas aplazadas, supera el existente y provee mejores condiciones para las luchas por una reforma rural integral, el fortalecimiento de territorios excluidos, la cualificación democrática del régimen político y el sistema político y la materialización de los derechos de las víctimas del conflicto. Del proceso de implementación temprana debería quedar además una herramienta fundamental, el Plan marco de implementación y la obligación legal de incorporar en los planes de desarrollo de los próximos dos gobiernos un capítulo específico de implementación de los acuerdos. Con la definición del Plan Marco se activa con mayor fuerza otro aspecto de la disputa: la cuestión de la financiación. Hasta el momento debemos hablar de financiación pírrica, de compromiso fiscal insuficiente del Gobierno al prever una disposición de recursos de escasos 129.5 billones de pesos para 15 años, lo cual se explica parcialmente por la situación de las finanzas públicas, la estructuración actual del gasto público, y el sometimiento al régimen de la sostenibilidad fiscal. Para el futuro de la implementación tendremos en todo caso de donde asirnos.

También será preciso el surgimiento de una nueva institucionalidad del Estado acorde con las necesidades de la implementación. Hemos advertido que al carácter burocrático, ineficaz, ineficiente y corrupto de la organización estatal, se le agregan los rasgos de una mentalidad contrainsurgente en ciertos sectores y funcionarios públicos que siguen actuando como en la época de guerra, lo cual ha hecho más problemática la puesta en marcha de medidas y acciones gubernamentales.

Tenemos claro que las solas normas no conducen por sí mismas a la implementación de los acuerdos; proveen sí, marcos jurídicos institucionales más favorables. Pero la verdadera calidad de la implementación se encontrará en la capacidad de movilización, lucha y respaldo popular, así como en nuestro propio accionar político.

De nuestra parte, estamos cumpliendo con la palabra empeñada; queremos confiar en la buena fe y en la estatura histórica que se espera de los órganos del poder público al momento de valorar los alcances de un acuerdo de paz; hemos asumido que el acuerdo suscrito con el Gobierno, lo fue en nombre del Estado, como está señalado en la propia Constitución, y que él conforma -visto en su totalidad- el corpus normativo propio de un acuerdo especial para la terminación de un conflicto, como los previstos en los Convenios de Ginebra, con todos los alcances que ello conlleva a las luz del derecho internacional. A esta percepción agregaríamos que existe una Declaración unilateral de Estado del Gobierno ante el Secretario General de la ONU, en el sentido de que se cumplirá lo pactado, lo cual genera obligaciones internacionales. Fueron esas razones de peso para aceptar acogernos al orden constitucional renovado y emergido del acuerdo final.

Sobre el significado y los contenidos de la reincorporación

El proceso de reincorporación ha sido igualmente complejo y culminó en su primera fase con la terminación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización. Pese a todas las adversidades y de los incumplimientos gubernamentales, cumplimos de buena fe con todos nuestros compromisos: primero nos trasladamos a las zonas desmontando nuestro despliegue militar estratégico; luego iniciamos y terminamos la dejación de armas y facilitamos su extracción; y finalmente entregamos a la ONU el inventario de nuestros bienes y activos a ser destinados para las víctimas del conflicto y la financiación de programas sociales de la reincorporación. En la actualidad, se cuenta con todo el marco normativo de la reincorporación. Se expidió la Ley de Amnistía; se aprobó la reforma constitucional que creó la Jurisdicción Especial para la Paz, estando pendiente la ley estatutaria que la desarrolla, y que el presidente del Congreso la tiene represada; se aprobó el acto legislativo que establece condiciones especiales para nuestra participación política; se aprobó el decreto-ley que reformó a Agencia Colombiana de Reintegración y creó la Agencia de Normalización y Reincorporación, con una unidad especializada para la normalización de las FARC-EP; se promulgó el decreto-ley de reincorporación económica y social; y se expidieron normas para brindar garantías de seguridad por cuenta de la Unidad Nacional de Protección, que también fue reformada.

Ha sido ardua y llena de tropiezos la tarea de la excarcelación de todos nuestros prisioneros y prisioneras de guerra y de las personas acusadas de serlo. A la fecha, aunque cerca de 3.000 de ellos y ellas ya han salido, aún se encuentran varios cientos en las cárceles. No descansaremos hasta que todos y todas se encuentren en libertad, tal y como se establece en el acuerdo final.

Las tareas mayúsculas de la reincorporación apenas comienzan. Este Congreso es un paso fundamental de ellas, pues estamos asistiendo a nuestra transformación en partido político legal, a la fundación de un nuevo partido político en Colombia. Pero junto con lo que será nuestra reincorporación política, tenemos los retos de la reincorporación económica y social. Además de sujetos políticos para la transformación revolucionaria de nuestros país, somos hombres y mujeres que requerimos derivar una base económica que permita garantizar nuestro sustento diario y responder a las aspiraciones que tenemos de bienestar y buen vivir al lado de nuestras familias.

La reincorporación será un camino difícil, novedoso para nosotros, en el que tenemos que inventar y desplegar todas nuestras iniciativas. Nuestra fuerza se encuentra en el acumulado histórico de organización y lucha, de relaciones de solidaridad, fraternidad y cooperación, que hicieron posible convertirnos en una verdadera comunidad con identidad propia y aspiraciones comunes, las más nobles que tiene el ser humano: la lucha por la justicia social, la democracia real; el bienestar y el buen vivir de toda la población.

Esa fortaleza tenemos que cuidarla, preservarla y potenciarla en las nuevas condiciones. La perspectiva que tienen en mente sectores del establecimiento es la de nuestra disolución o desintegración, según sus experiencias de desmovilización, desarme y reinserción individualizada. La nuestra siempre la hemos concebido en términos de un proceso de reincorporación como comunidad política, como familia integrada económica y socialmente. Por ello, nuestra visión de la reincorporación, descansa sobre nuestra constitución como partido político legal, pero también basada en un esfuerzo colectivo para la producción de una nueva economía política que hemos denominado economías sociales del común y que tiene ya su manifestación formal con la creación de ECOMÚN. Si es difícil la tarea que le espera a nuestro partido político, mayor será aquella que es propia del propósito de la construcción de una nueva economía.

En esta última debemos reconocer que a pesar de múltiples iniciativas fragmentadas y dispersas no hemos logrado aún desarrollar una propuesta general que nos de certezas, así sean relativas, acerca de nuestra base económica futura. Ahí tendremos que dedicar buena parte de nuestros esfuerzos inmediatos, porque tenemos una obligación con todos los que han integrado nuestra organización. Como parte de nuestra especificidad, debemos afirmar que el futuro de nuestro proyecto político dependerá también del futuro en la vida cotidiana de cada uno de quienes hemos integrado dicha comunidad.

Nuestra reincorporación integral la concebimos como un proceso en doble movimiento. Por un lado, con un profundo arraigo territorial; por el otro, con una creciente y expansiva proyección en los centros urbanos. La reincorporación la concebimos integrada a los múltiples procesos de construcción social de territorio como continuidad –bajo las nuevas condiciones- de actividades y acciones políticas, económicas y sociales, que hemos contribuido a organizar y promover e incluso a proteger a fin de fortalecer las aspiraciones y propósitos de los compatriotas que habitan nuestra Colombia profunda. Queremos hacer parte de esos procesos; queremos fortalecer todos los esfuerzos por una organización democrática en todos los aspectos de la vida social de los territorios y de las formas de organización política del Estado en ese nivel. Nuestro proyecto político, económico, social y cultural apunta a fortalecer la democracia real y la autonomía de los territorios. Seremos partido territorial, seremos economía alternativa social territorial, seremos nuevo poder territorial. El Acuerdo Final ofrece muy importantes posibilidades para avanzar en esa perspectiva y dirección.

Al mismo tiempo, la reincorporación integral demandará esfuerzos de consolidación de procesos existentes y de nuevas experiencias en los principales centros urbanos y en general en las ciudades de nuestro país. Queremos hacer parte de las luchas y procesos que adelanta la población urbana, compartir nuestras visiones de democracia real y profunda y de economías alternativas del común, queremos hacer nuestras las aspiraciones que se sintetizan en el propósito de derecho a la ciudad y de una organización político-administrativa, que a esa visión. Seremos partido urbano, seremos economías alternativas urbanas, seremos nuevo poder urbano.

La reincorporación es para nosotros esencialmente un proceso de normalización, pues nunca hemos sido ajenos al orden social vigente, sólo que lo hemos enfrentado dentro y fuera de la institucionalidad existente. En la nueva etapa histórica que iniciamos, damos continuidad a nuestra luchas en el marco de la constitucionalidad emergente de los Acuerdos de Paz.

Sobre el carácter de Partido

Aspiramos a llegar al corazón de la población, propósito complejo que comprende la superación de la estigmatización social y cultural y el falseamiento al que hemos sido sometidos por décadas para desvirtuar los contenidos nobles de nuestro alzamiento armado. Nuestra desaparición como fuerza guerrillera pondrá otros acentos en la contienda política. Los verdaderos problemas del país están quedando al desnudo y ya no será posible continuar con la práctica de la cortina de humo en la fuimos convertidos para ocultarlos.

Hemos dado ya pasos importantes al asumir las responsabilidades que nos comprometen en hechos que hayan causado dolor y sufrimiento en sectores de la población afectada por nuestro accionar, y al manifestar nuestra disposición plena de acudir a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y a la Jurisdicción Especial para la Paz a fin de ofrecer verdad, asumir responsabilidades, como esperamos ocurra por parte del Estado y de todos los involucrados en el conflicto. Hemos pedido perdón a las víctimas del conflicto, realizado actos tempranos de reparación y los seguiremos haciendo. Creemos firmemente que la reconciliación es posible, aun en un contexto político de polarización azuzada por quienes la repudian, si persistimos en la necesidad de establecer diálogos y otros lenguajes que permitan comprender que la construcción de la paz es un propósito colectivo. La paz tiene que ver con todos y con todas: con los partidos políticos, con los gobernantes, con las ramas del poder público, con los ex contendientes, con los empresarios y los pueblos indígenas, los grandes medios y las comunidades afro, con los habitantes de las ciudades y los campesinos, los jóvenes y las mujeres, en fin con la gente del común, con el pueblo raso.

Llegar al corazón de la población también significa comprender, como en efecto ya lo hacemos, que la solución de los problemas acuciantes de la población no se encuentra exclusivamente en la implementación de los acuerdos y que éstos, si bien representan un indiscutible avance democrático, tienen que dialogar con el conjunto de iniciativas y propuestas surgidas de las muy variadas expresiones organizativas políticas y sociales del campo popular.

En ese sentido, se plantea un gran reto para nuestros diseños programáticos. Más que iniciar una operación de marketing político y de posicionamiento de una determinada imagen -que también será preciso realizar-, tenemos la obligación de formular una propuesta de alternativa política con capacidad de interpretar y hacer suyas las aspiraciones y propósitos del presente inmediato y al mismo tiempo de ofrecer un horizonte de acción política, comprendida como propósito colectivo en permanente movimiento y construcción, hacia la superación del injusto orden social. Por ello, este Congreso deberá avanzar en una elaboración programática sustentada en un conjunto de definiciones que dan cuenta de momentos y contenidos distintos de un mismo proceso simultáneo, pero diferenciado en sus alcances y propósitos.

Sobre ese presupuesto y sobre nuestra trayectoria histórica es que queremos concebir el carácter de nuestro partido; como un partido revolucionario, que al tiempo que debe representar una opción política para los problemas cotidianos de la población y disputar de esa manera el espacio político del presente, debe contener el deseo y los propósitos de adelantar las tareas necesarias para la transformación estructural y superación del orden social que nos ha colocado como el tercer país más desigual del planeta. En ese sentido, es también un partido para otro mundo posible, en él deben tener cabida y con particular énfasis las aspiraciones de las mujeres por superar de manera definitiva el régimen patriarcal existente.

Acerca de nuestra estrategia política

Nuestra estrategia política tiene como sustento y referente nuestra aspiración de contribuir a conformar nuevo poder político y social, de transformación y superación del orden social existente. En desarrollo de ese propósito concebimos nuestra acción política como el engranaje de la disputa por el poder del Estado, incluido el acceso a posiciones de representación y de gobierno en los diferentes niveles, por una parte; con la producción de nuevo poder social “desde abajo” por el conjunto de los diversos sectores sociales, por la otra.

Por tal razón, participaremos de manera resuelta en la contienda electoral en todos los niveles de la organización político-administrativa del Estado, bajo el entendido que tal participación no es una finalidad, sino un medio para incidir en la transformación desde dentro de la propia organización estatal sobre presupuestos de expansión democrática y de incorporación y habilitación de mejores condiciones para el desarrollo de nuevos contenidos y formas de la democracia, particularmente de aquellos conducentes hacia la democracia real, profunda y avanzada, directa, autogestionaria, comunitaria. En ese sentido, nuestro proyecto político es un proyecto por la transformación del Estado hacia una nueva institucionalidad a ser construida socialmente.

Al mismo tiempo, nos reconocemos como parte del movimiento real, del movimiento social y político, que a través de sus múltiples y diversas luchas, constituye desde la cotidianidad nuevas expresiones del poder social, desconociendo y superando de facto las formas de organización del poder estatal y asumiendo propias, entendidas como un proceso de creación colectiva, no predeterminada, sino derivada de las características que va adquiriendo la conflictividad social. Por esa razón hablamos de un proceso constituyente, que tampoco puede ser reducido a la finalidad de nuevos diseños institucionales, por ejemplo a través de una Asamblea Nacional Constituyente, sino entendido más bien como movimiento continuo y de creación social incesante de nuevo poder. En ese aspecto, nos comprendemos como un Partido-movimiento.

No se trata de una estrategia política con componentes paralelos, sino de un mismo proceso, en el que los espacios de las luchas se entrecruzan y contraponen en función de un mismo y único propósito: la construcción de una sociedad alternativa al orden capitalista vigente.

No estamos pensando en una estrategia política lineal y ascendente, concebida por etapas a superar gradualmente. Nuestra elaboración programática está pensada sobre la idea de que toda lucha cotidiana es estratégica y que toda estrategia no representa simplemente un propósito por venir, sino que se concreta justamente en la lucha cotidiana. En ese sentido, no concebimos una separación tajante entre táctica y estrategia; asumimos más bien su relación dialéctica. Así es que nuestro proyecto político no es el de la mejor sociedad por venir, sino el de la nueva sociedad que tendremos que construir de manera creadora desde la cotidianidad de nuestras vidas.

No tenemos la pretensión de seguir en forma predeterminada modelo político o económico alguno, ya experimentado históricamente y con expresión en el presente. Nos comprometemos eso sí a desear y hacer parte de un proceso histórico-social que permita construir una sociedad alternativa en la que impere la justicia social, la democracia real y avanzada, la superación de toda exclusión, discriminación o segregación por razones económicas, sociales, étnicas, religiosas o de género, se garantice la vida y la existencia digna, el bienestar y el buen vivir del individuo y de la comunidad, se construya una nueva economía política que garantice la realización material de los derechos humanos, permita la relación armoniosa con la naturaleza y siente las bases para una ética y nuevo tipo de relaciones sociales de cooperación, hermandad y solidaridad.

En esa dirección, trabajaremos por un gobierno de transición de gran coalición democrática y al mismo tiempo por un movimiento de movimientos de gran convergencia nacional. Desde esa perspectiva, seremos un partido amplio, dispuesto a adelantar todo diálogo político y todo proceso de unidad, sustentado en la identificación de causas y propósitos comunes, por las que transitemos por momentos específicos o incluso en la larga duración. Ponemos a disposición nuestro acumulado y nuestra experiencia, así como nuestras visiones de presente y futuro; las queremos compartir con todas las existentes y que son el resultado de otras experiencias y trayectorias de lucha, cuyo valor y autonomía reconocemos. No aspiramos a liderar, queremos más bien hacer parte de una construcción social colectiva, que por su propia condición debe ser verdaderamente democrática y expresiva de los principios y valores de la nueva sociedad que queremos contribuir a edificar desde las luchas cotidianas. Nuestras propuestas programáticas son una manifestación de ese deseo. Queremos discutirlas junto con otras. Nos anima un gran diálogo nacional, de construcción de acuerdos sobre lo esencial, desde los problemas de la cotidianidad hasta las elaboraciones que puedan parecer más complejas y abstractas.

Acerca de la complejidad del momento político y la necesidad de un Gobierno de transición 

La constitución de nuestro Partido ocurre en un contexto político en el que se disputa la perspectiva de una paz negativa, de simple silenciamiento de los fusiles, o de una paz encauzada a transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales más profundas, derivadas de un posible desencadenamiento de la potencia transformadora de los acuerdos y de las múltiples luchas y movilizaciones de resistencia y reivindicación en franca confrontación con las políticas neoliberales. Y en el que, por otra parte, persiste la guerra sucia que sigue asesinando a dirigentes sociales y populares, y por cuenta del odio y la mentira pretende enrarecer y atravesársele a la perspectiva de construcción de la paz que se viene abriendo paso.

Asimismo, advertimos un proceso de crisis en maduración del régimen político y del sistema político, y de la organización de la justicia estatal, por cuenta de diversos factores, particularmente de los derivados de prácticas criminales y corruptas que embadurnan a políticos y magistrados, que ponen de presente un estado de descomposición en todos los niveles. Registramos también tendencias al estancamiento económico y manifestaciones de crisis fiscal, con impactos severos sobre el trabajo y el ingreso y las condiciones de vida de la población.

Como se aprecia, se trata de un contexto político de suma complejidad, con relativa dificultad para advertir cuáles serán los caminos en los que el accionar de las fuerzas políticas y sociales jugará un papel decisivo, sin poder identificar aún cómo se producirán agrupamientos o reagrupamientos entre ellas. No se observan aún elementos suficientes para construir cohesiones o articulaciones estables. Mientras que unos sectores, los de derecha y extrema-derecha, privilegian el desmonte de los Acuerdos de La Habana; otros, los de centroderecha, enfocan sus preocupaciones en el combate a la corrupción y el crecimiento económico; y unos terceros, de amplio espectro democrático y popular, enfatizan en algunos casos en la implementación de los acuerdos y en la perspectiva de una paz completa que incluya un acuerdo de paz con el ELN, y en otros los consideran simplemente como un asunto más de la agenda política. Sin desatender los sectores no organizados, tradicionalmente escépticos frente al ejercicio de la política. Todo ello, en el marco del inicio de la campaña electoral para la presidencia de la república y la integración de senado y cámara.

El ingreso a la vida política nos recibe con la obligación de la participación en las elecciones de 2018. No sólo porque se trata de un compromiso derivado del acuerdo, sino porque no podemos ser indiferentes ni frente a la elección presidencial, ni a la conformación del nuevo Congreso. En las circunstancias anotadas nuestra propuesta de gobierno de transición adquiere particular relevancia. A nuestro juicio, y dado el significado histórico ya señalado de los  acuerdos, es primordial garantizar que su implementación cuente con condiciones favorables. No nos cansaremos de afirmar que los acuerdos no son para las FARC-EP o el Partido político que surgirá de ellas en este Congreso fundacional, sino que fueron concebidos para beneficiar al conjunto de la sociedad colombiana y particularmente para los pobres y desposeídos del campo.

En ese sentido, abogaremos por un acuerdo político y por un programa de gobierno que privilegie la implementación, bajo el entendido que esa construcción no se limita a ese propósito, sino que debe contemplar propuestas de solución a problemas acuciantes de la población y de la sociedad colombiana en general. Por eso, es que hemos considerado que debe ser posible concertar una convergencia nacional para una gran coalición democrática, basada en la identificación de contenidos programáticos básicos. De nuestra parte buscamos contribuir a la construcción de una salida que en un momento inicial tenga la capacidad de derrotar las pretensiones de la derecha y la extrema-derecha de hacer trizas la reconciliación, definir la elección presidencial a favor de las fuerzas de la paz y de propuestas programáticas de reformas básicas frente a la difícil situación económica y social que afronta el país y de necesarios procesos de reforma institucional del Estado, siempre con el propósito de cualificar y profundizar la organización democrática.

En un escenario dinámico y complejo como el de Nuestra América, la paz de Colombia debe jugar un papel fundamental para preservar la paz y la hermandad del continente. El tipo de paz que se logre construir en Colombia incidirá sin duda sobre la tendencia general del proceso político en la Región. Hacemos parte de las fuerzas que en Nuestra América disputan hoy un mejor destino para nuestros pueblos, en medio de la más feroz contraofensiva de la derecha transnacional por revertir los avances introducidos por gobiernos progresistas y democrático-populares en los últimos lustros.

53 años de rebeldía armada se transforman hoy, a partir de este congreso fundacional, en la nueva forma de lucha de las mayorías por el cambio, por un nuevo país, el país de la esperanza, el que siempre ha palpitado en nuestros corazones, el de la inclusión, el de la justicia social y la soberanía, el del respeto a la dignidad humana y a la naturaleza.

En este aspecto, y a propósito de la proyectada visita del Papa Francisco a Colombia, quisiéramos hacer eco a sus reflexiones en Laudato Sí: el suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. Se da una manifestación divina cuando brilla el sol y cuando cae la noche. La explotación irracional de la naturaleza provocan el gemido de la hermana tierra, que se une al gemido de los abandonados del mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo. En [San Francisco] se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Hago una invitación urgente, dice el Papa, a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos.

A los gobiernos y pueblos de Cuba, Noruega, Venezuela y Chile, lo mismo que a Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, la Unión Europea, el CICR y a todos quienes desde diversas partes del orbe ayudaron en la construcción de esta posibilidad de paz para Colombia, nuestra eterna gratitud

Nuestro mensaje final, es una evocación al Libertador Simón Bolívar, y va dirigido al corazón de los colombianos. Compenetrémonos con el fuego de sus palabras: UNIDOS SEREMOS FUERTES Y MERECEREMOS RESPETO; DIVIDIDOS Y AISLADOS PERECEREMOS. La unidad empuñando la bandera del cambio es la potencia transformadora, el sonoro raudal humano reivindicando la vida, la inclusión, la justicia social, el respeto a las visiones alternativas de país y de Gobierno. Y la UNIDAD es la fuerza que necesitamos para tener patria nueva, tal como lo concibieron nuestros padres fundadores Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas, y todos aquellos que ofrendaron sus vidas por estos sueños.

Ha concluido la batalla de las armas y empieza ahora, o mejor continuamos, la batalla de las ideas. Las partes hemos convenido sacar las armas de la política para que la mejor propuesta de país haga posible la felicidad de todos los colombianos en un ambiente de paz. Esta ha sido la más grande bendición que nos ha prodigado la providencia. Debe buscarse por todos los medios un acuerdo de paz con los compañeros del ELN. La paz es de todos y para todos. Nuestro más grande anhelo es que ella abarque todo el continente.

A los pueblos y gobiernos del mundo les manifestamos que ha concluido el más largo conflicto armado del hemisferio, como consecuencia del acuerdo de paz de La Habana firmado entre el Gobierno del Presidente Santos y las FARC. Que la paz abrace a los pueblos de la tierra.

Muchas gracias.

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