Apuntes para comprender la actual coyuntura en la Facultad de Derecho UCH

Por ContraCorriente – Derecho UCH(*)

Después de 18 días de movilización a cuestas, se vuelve del todo necesario reflexionar sobre las condiciones de existencia de nuestro actual proceso. Así, factores a considerar son; i) los actores e intereses que motivan y canalizan su actuar; ii) el contexto general de la Universidad y el momento político nacional que lo cruza y; iii) las posibles alternativas para solucionar el conflicto -siempre teniendo en mente las posibles consecuencias sobre cada elección-.

Para darle mayor coherencia a esta lectura, se vuelve preciso hacer el desglose por cada factor, buscando detectar las magnitudes de cada variable para adoptar la solución correcta para el momento concreto.

i) Actores e intereses.

El actual conflicto que se vive al interior de la Facultad, si bien es cierto que tiene por momento ígneo el Consejo de Escuela del jueves 12 de octubre, es también consecuencia de una multiplicidad de procesos que actualmente viven los estamentos dentro de dicho espacio.

Por un lado, el bloque académico gobernante se ha ido reacomodando en función del cumplimiento de ciertos objetivos, tales como, la reorganización administrativa – en miras de lograr la acreditación- que supuso el cambio de administración el año 2015, la apertura de concursos públicos para llenar plazas de investigación junto a jornadas completas y, la modernización de planes y programas de la Facultad que le permitirían una revalorización del egresado/a, además de un pretexto sólido para la intervención indirecta del claustro, ya que el proceso exige la evaluación de las jornadas y el disciplinamiento de las cátedras.

Este resumen ejecutivo de los objetivos del plan de modernización de la Facultad ha encontrado ciertos límites a las condiciones materiales de nuestra Escuela. El primero, y más evidente, dice relación con el gran costo que significa mantener un claustro con mayor número de investigadores y jornadas completas, lo que, bajo el actual sistema de financiamiento de la educación pública, necesariamente se traduce en dos opciones; a) aumento del costo del arancel para cada estudiante; b) aumento de la cantidad de estudiantes en el espacio. Si bien es pública y notoria la posición que ha tomado la autoridad a este respecto, no podemos descartar la posibilidad de un aumento en el costo de los aranceles si el proceso de modernización sigue implicando costos que el Estado no está dispuesto a financiar.

El grado de cumplimiento de los objetivos del plan de modernización han corrido en paralelo y con desigual grado de desarrollo. Un ejemplo de lo anterior, son los episodios de conflictividad que se viven dentro del claustro académico a raíz de la reorganización administrativa de la Escuela y de la modernización de los planes y programas de estudio -sobre todo en el departamento de Derecho Privado-. Por otro lado, el escenario político también se ha visto agitado con la renuncia de dos profesoras claves en los inicios de la actual administración (Maricruz y Cárdenas), donde es posible hacer dos lecturas al respecto: i) observar los hechos como la cristalización de una disputa interna que debilita a la actual administración o, por otro, ii) como un proceso pensado para iniciar una nueva fase en el proceso de modernización de la Escuela, que tiene como personas clave para mediar las relaciones entre pares al Prof. Rodrigo Valenzuela como principal articulador y mediador del conflicto relacionado a los cambios curriculares y a la Directora de Escuela prof. María Nora González, reconocida especialista en negociación y mediación quien debe llevar adelante los problemas originados con la nueva programación académica.

Creemos pertinente para nuestro análisis tomar postura por la segunda opción, en tanto las renuncias fueron solicitadas por la misma administración y, en el caso de la profesora Maricruz, su influencia se había reducido notoriamente al ser reemplazada en el cargo de Vicedecana a principios de este año. El quiebre planificado es la lectura más atingente para entender el actual conflicto.

El estamento estudiantil por su parte se ha encontrado preso de la subjetividad derrotista de los últimos 8 años, cuestión que ha marcado todos sus procesos movilizatorios al interior de nuestra Escuela, basta recordar lo escueto de nuestros petitorios y la ambivalencia con la que se recuerda cada hito. El actual periodo de latencia – y letargo- en el cual se encuentra el movimiento estudiantil ha significado un retroceso del programa histórico al no ser profundizado por las nuevas generaciones que ya se sienten un tanto ajenas a este proceso. Lo anterior ha redundado en rearmes locales del movimiento, cuyas pretensiones tibiamente pueden ser asociadas al programa estudiantil nacional. Sin embargo, sigue siendo muy evidente que, conflictos como el de nuestra Facultad, sólo son expresiones de las contradicciones del sistema educativo general que obliga a las instituciones del Estado a funcionar como instituciones privadas.

A pesar de lo anterior, el actual proceso carga con características únicas que nos permiten proyectar que, sea lo que salga de esto, se marcará un hito en la correlación de fuerzas al interior de nuestra Escuela con posibles repercusiones a nivel universitario en general. Así, la transversalidad de organizaciones que dan soporte a esta movilización le da una potencialidad única, por lo que urge apurar el proceso en que las actuales fuerzas son capaces de reconocerse como una sola, y con ello ser conscientes de su real potencia para transformar la realidad. Así en más, debemos tener muy presentes de que somos la cara más visible del movimiento estudiantil actual, aun cuando eso carezca del peso específico de otros años. En función de lo anterior, es preciso recalcar algo que puede ser obvio para muchos: o hacemos carne nuestras pretensiones, o enfrentamos una derrota que dejará en el oscurantismo al estamento estudiantil y funcionario por años.

Un tercer actor que lentamente ha recuperado su presencia en el escenario local ha sido el estamento funcionario. Su actividad política estuvo al margen de todos los conflictos importantes de la última década, sin embargo, ha sabido rearticularse y renovar sus bases sociales. Es una alegría constatar que las trabajadores y trabajadores del aseo y mantención hoy sean el sector funcionario más organizado, en tanto su incorporación fue fruto de procesos movilizatorios estudiantiles que cuestionaron la subcontratación – y precarización laboral- de ciertas labores universitarias.

Hoy, la creación de un petitorio conjunto para enfrentar la actual coyuntura, sumado a la proyección de trabajo en distintas áreas, no solo locales, sino también en vinculación con otros movimientos sociales, tales como No+AFP, nos sugiere sacar cuentas alegres sobre esta materia.

Para cerrar la caracterización de actores es preciso recalcar que, los actuales procesos modernizatorios de la Facultad, han sido leídos por las autoridades como un conflicto donde lo importante se resuelve al interior del estamento académico, o peor, únicamente entre autoridades, dejando a los otros miembros de la comunidad educativa subordinados a la política que se emplee en su sector. Así, los procesos de unidad funcionario-estudiantil vienen a desordenar el panorama político de la Escuela, situación que será aprovechada por el sector contrario a la administración actual para mejorar sus posiciones de fuerza y tensionar a más académicos hacia sus filas.

La crítica política más importante que es posible hacer a la actual administración, pasa más por problemas de ejecución que de programa. La modernización de la Escuela es una cuestión urgente, en tanto abre nuevos espacios de incidencia en la reproducción de fuerza de trabajo especializada (abogados/as) y permite limitar la forma aristocrática en la que se ha desarrollado la Escuela hasta ahora. Así, los estudiantes apuntamos bien cuando decimos que la democracia es el principal problema que subyace al conflicto actual, pero no debemos perder de vista que, lo que realmente exigimos bajo la voz “democracia”, es la capacidad de determinar nuestros propios procesos de enseñanza de manera colectiva, para con ello dejar de ser una simple tuerca de una fábrica de profesionales.

ii) Contexto general de la Universidad y momento político nacional

No podemos perder de vista el contexto general en el cual se sitúa nuestro conflicto. En primer lugar, el próximo año hay elecciones de Rector, lo que significa un reacomodo de las fuerzas al interior del claustro académico de la Universidad. De ahí en más que la actual administración -rectoría- esté presionando por cerrar rápidamente este conflicto, lo que le llevó a negociar parte de nuestro petitorio con el actual Decano. En segundo lugar, las elecciones federativas hoy nos tienen incapacitados de llevar este conflicto a otras facultades. Aprovechar los espacios que brinda la campaña federativa es, a nuestros ojos, una política que debemos seguir de forma activa. Por ejemplo, preparar intervenciones en el debate de CNN, exigir postura de los candidatos en todos los foros a los que asistan, que se manifiesten en otros medios de comunicación, etc.

Por otro lado, las elecciones presidenciales y parlamentarias marcan al día de hoy el despliegue de muchas organizaciones políticas presentes en el espacio, no haremos un juicio de valor sobre eso, sino simplemente constatar un hecho sobre el cual debemos movernos. Dicho contexto no afecta de forma determinante el proceso de movilización actual, pero sin duda le resta algo de fuerza.

Finalmente, se avecina el proceso de negociación de reajuste del sector público, cuestión que es ponderada por los funcionarios al momento de determinar la forma que tomará nuestra alianza con ellos. Si se animan a pedir un reajuste específico para su asociación, se marcará un hito respecto de su propia historia. Así, es fundamental actuar coordinadamente con ellos para hacer congruentes ambos escenarios.

iii) Conclusiones: Alternativas a la movilización.

Fijada la caracterización del escenario, será preciso leer las posibles salidas del conflicto actual. En primer lugar, no se puede olvidar que la prioridad de esta movilización son los 11 puntos de nuestro petitorio, cuestión que gatilla el actual conflicto. Lo segundo, dice relación con las posiciones del conflicto interno: urge debatir sobre el punto de vista estudiantil respecto del aumento de matrícula, toda vez que su rechazo significa poner freno al proceso de modernización – se cortan los fondos que dan cuerpo al proyecto- y con ello se situaría en jaque a la actual administración. De proponer un rechazo, el petitorio debiera modificarse y solicitar la renuncia de la directiva actual, para dar paso a una administración interina que supervigile el proceso de PDI que se abre el próximo año.

Si la posición es aceptar el aumento de matrícula, ello significará entrar a un diálogo colaborativo con la actual administración, cuestión que a nuestros ojos no es garantía de nada dado el historial autoritario de nuestro Decano, a menos que se nos asegure a los estudiantes posiciones estratégicas en la implementación del actual programa de modernización como también, posibilidades de modificación. Lo importante de una posición como esa, es eliminar la política de subordinación que ha tenido la autoridad para con el estamento estudiantil y que imposibilita la creación de una comunidad educativa propiamente tal.

Finalmente decir, que una parte importante de la oposición a Harasic se encuentra aliada con los sectores más conservadores y dictatoriales de nuestra Facultad, cuestión que debe ser vista con la mayor de las cautelas posibles.

La posición de ContraCorriente, es que un proceso de modernización como este requiere pensar al resto de la comunidad como un aliado de mayor peso específico y no simplemente como fuerzas auxiliares y subordinadas.

Las y los estudiantes hemos madurado reflexiones y organización en la última década, cuestión que impide la ejecución de un proyecto de esta envergadura a espaldas de la comunidad. Un aumento de matrícula que se justifique honestamente en el crecimiento de la educación pública no puede seguir manteniendo los patrones elitistas de ingreso, ni tampoco puede pagar los sueldos directivos más altos del país a sus autoridades: entre el Decano, Vicedecano y Directora de Escuela se necesitan 67 aranceles para cubrir sus salarios anuales.

Si se requiere de un aumento de matrícula para paliar un déficit presupuestario y que ello sea en miras de aumentar la planta investigativa, además de mejorar las condiciones de infraestructura, la revisión de gastos debe ser total y no solo respecto de la precarización de funcionarios y estudiantes. Cuando la coyuntura actual se define por un todo o nada, la tarea es definir el todo, es decir, levantar un proyecto de Facultad que tome gran parte de lo prefigurado hasta ahora, pero que incluya las perspectivas e intereses funcionario-estudiantiles, cuestión en la que actualmente se trabaja, pero que no tiene cabida para la actual administración.

Con todo, si las autoridades siguen caminando por la ruta del desgaste, las posiciones estudiantiles deben radicalizarse. Así, la negativa al diálogo en movilización sólo debilita la figura del Decano y su salida se mostrará como la única forma de destrabar el conflicto, esto último sin perjuicio de estar sujeto a cómo evoluciona el acercamiento propiciado por Rectoría y que debiese dar frutos el día lunes.

(*) Publicado originalmente el 5 de noviembre 2017

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