Justicia para Sophie y para todas: Contra el populismo penal

Por Carolina Sepúlveda Varela

El pasado 25 de enero el país entero se conmocionó con la horrible noticia de la muerte de la pequeña Sophie, de 1 año y 11 meses, a manos de su padre biológico, Francisco Ríos, quien abusó sexualmente de ella y la golpeó hasta quitarle la vida, en las cercanías de Puerto Montt. El imputado se encuentra actualmente en prisión preventiva, medida cautelar que se mantendrá durante los 5 meses que dure la investigación.

Múltiples reacciones se han suscitado a partir de este caso que no ha dejado indiferente a nadie. La rabia, la indignación y las demandas por una supuesta justicia se han tomado las redes sociales e incluso se han organizado manifestaciones exigiendo la creación de una “Ley Sophie” que establezca penas ejemplares para “este tipo de criminales”. A raíz de este caso, se ha puesto en la palestra la discusión sobre el restablecimiento de la pena de muerte, posibilidad que la derecha, de manera completamente oportunista y populista, ha salido a defender. Sin ir más lejos, un grupo de diputados electos de la UDI anunció que solicitará a Sebastián Piñera la realización de un plebiscito para consultar la opinión de los chilenos sobre la reposición de la pena de muerte dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Lamentablemente, pocos argumentos reflexivos y razonables han aparecido en todo este debate. La intención de esta columna no es otra que entregar un par de elementos que aporten a la discusión que la izquierda debe dar en contra del fascismo y el populismo penal, y a favor del fin de crímenes como éstos, que día a día y año a año cobran la vida de tantas niñas y mujeres en nuestro país.

Una de las primeras preguntas que surgen en torno a este caso es cómo es posible que un hombre que ya contaba con un amplio historial delictivo se encontrara libre y que no estuviera sujeto a ninguna forma de control o seguimiento institucional. Francisco Ríos fue detenido ya en 2012 por el delito de lesiones menos graves en contra de su pareja, causa que terminó en una suspensión condicional del procedimiento (es decir, se decidió suspender el juicio por un año, supeditado al cumplimiento de ciertas condiciones impuestas al imputado durante ese plazo, cumplimiento que fue calificado por el juez como “insatisfactorio”). En 2014, fue condenado por el delito de lesiones graves a un año de presidio menor, condena que fue cumplida en libertad con prohibición de acercamiento a la víctima. Luego, en agosto de ese mismo año, fue denunciado por abuso sexual y lesiones; sin embargo, la investigación no prosperó. En 2015, la madre de su nueva pareja denunció la violencia física, psicológica y sexual que sufría su hija; sin embargo, esta investigación tampoco prosperó y se dictó el sobreseimiento definitivo en 2016, por considerarse que el imputado era inocente del delito que se le imputaba. Más tarde, Camila, la madre de Sophie, también fue víctima de agresiones físicas por parte de Ríos. Este 2018, como sabemos, la violencia de este sujeto y la inoperancia institucional le costaron la vida a la pequeña de dos años.

Lo cierto es que, como las feministas hemos denunciado en innumerables oportunidades, el ordenamiento jurídico, el sistema judicial y, más en general, la institucionalidad estatal, no protege a las mujeres. La realidad es que actualmente las denuncias por abuso sexual y violencia intrafamiliar no se investigan de manera seria, razón por la cual se archivan tempranamente; cuando se investigan, no existen mecanismos de control y seguimiento de las medidas cautelares que se dictan con la finalidad de prohibir el acercamiento del agresor a la víctima, por lo cual las órdenes de alejamiento quedan en el papel; y, si es que llegan a juicio como en el caso de Nabila Rifo, el poder judicial se muestra incapaz de reconocer el contenido de violencia de género que se encuentra detrás de esos delitos, las mujeres son revictimizadas durante el proceso y por lo demás, las –eventuales- condenas no aseguran la protección de las víctimas. Las mujeres víctimas de violencia tienen miedo de denunciar y son escépticas ante las respuestas que pueda darles el sistema, con justa razón.

Otro elemento que resulta necesario dejar claro es que la pena que arriesga este sujeto por los graves delitos que cometió es la de presidio perpetuo calificado, la pena más alta que contempla nuestro ordenamiento jurídico actualmente. El presidio perpetuo calificado implica el encarcelamiento de por vida, que sólo puede ser revisado para optar a libertad condicional luego de 40 años de privación de libertad efectiva (y que quede claro también que para optar a la libertad condicional se debe cumplir con estrictos requisitos contemplados en un Decreto Ley de 1925, bajo la recomendación de Gendarmería). De este modo, el presidio perpetuo calificado debería ser una pena lo suficientemente “ejemplar” para quienes exigen que “el delincuente pague por lo que hizo”, sobre todo si tenemos en consideración las condiciones infrahumanas en que viven los privados de libertad en nuestro país.

El movimiento a favor de la pena de muerte nace desde la rabia y la sed de venganza y retribución ante una situación tan macabra como la que tuvo de víctima a la pequeña Sophie. Sin embargo, no existe ningún argumento razonable para defender su restablecimiento. Primero, por una razón que parece obvia: es una pena imposible de revertir y siempre existe la posibilidad de que en el proceso de juzgamiento se determine la culpabilidad de una persona que en realidad es inocente. Basta con pensar en el reciente escándalo de falsificación de pruebas a manos de Carabineros para inculpar a los comuneros mapuches perseguidos en el contexto de la Operación Huracán. Luego, porque la pena capital no ha demostrado ser efectiva para prevenir la comisión de nuevos delitos en ninguna parte del mundo. Crímenes como los cometidos por Ríos no son decisiones racionales en que el autor medite el eventual castigo al que se vería expuesto si fuese descubierto, por lo cual la pena de muerte no tiene mayor efecto disuasivo que el que tiene la pena de cárcel.

En realidad, ni la pena de muerte ni la pena privativa de libertad son soluciones al problema de la violencia machista que empapa toda nuestra sociedad y que cada cierto tiempo se expresa tan cruelmente como se expresó en el asesinato de la pequeña Sophie. A pesar de todo lo ya dicho, la discusión de fondo que tenemos que dar va más allá del restablecimiento o no de la pena de muerte y más allá también de cómo debería operar el sistema judicial ante denuncias de violencia contra las mujeres.

Es innegable que necesitamos con urgencia una institucionalidad que responda y se haga cargo efectivamente de la protección de las mujeres que denuncian violencia intrafamiliar, alejando a sus agresores y asegurando el resguardo de su integridad y su vida, sin embargo, hoy el encarcelamiento de los agresores se impone en el debate público como la única vía posible para protegerlas, de modo que muchas veces el movimiento de mujeres se ha limitado a exigir el endurecimiento de las penas y, en definitiva, cárcel y más cárcel.

Lejos de ello, no podemos olvidar que el derecho penal ha sido históricamente una herramienta que castiga y encarcela la pobreza mientras que protege y favorece a los poderosos, que la cárcel sólo reproduce la violencia y no reinserta ni rehabilita, y que, en definitiva, el castigo a los agresores no significa un aporte en la construcción de una sociedad sin violencia patriarcal. Así como la tipificación del femicidio no ha logrado disminuir las cifras de mujeres muertas a manos de sus parejas y así como el recrudecimiento de las penas asociadas a delitos contra la propiedad no ha logrado que disminuyan los robos y asaltos, el establecimiento de la pena de muerte para la violación y asesinato de niños no impedirá que esos hechos ocurran, porque hacerse cargo de las razones que condicionan y explican la comisión de esos delitos no pasa por hacer modificaciones al Código Penal, sino que por modificar las condiciones sociales, económicas y culturales que hoy producen y reproducen la pobreza y la violencia que se encuentran en la génesis de esos hechos delictivos.

En el debate que se ha abierto a partir de este caso debemos ser enfáticos en pelear contra el populismo penal de los oportunistas de siempre que ahora pone el grito en el cielo por la muerte de esta pequeña pero que nada dice sobre los abusos sexuales y las muertes de niños y niñas en el SENAME, al mismo tiempo que trata de convencer a la opinión pública de que este tipo de crímenes son frutos de una mente enferma que no puede sino ser elminiada de la sociedad. Nuestra tarea frente a esta coyuntura es hacer explícito que este hecho no es sino la expresión más cruda de la violencia patriarcal sistemática que comienza en niveles hoy mucho más normalizados e invisibilizados: el desconocimiento de las labores reproductivas como trabajo, la educación sexista que nos forma para labores reproductivas y de cuidado, el acoso callejero que se oculta bajo la etiqueta del piropo, la publicidad que nos cosifica y nos reduce a objetos para el consumo, la cultura de la violación que nos culpa del abuso sexual por andar con falda en la calle, y así un larguísimo etcétera. Iniciativas como la “Ley Sophie” sólo ocultan el problema de fondo y lo tapan con modificaciones legales que no aportan en absolutamente nada y que por el contrario sólo contribuyen a legitimar a la misma institucionalidad estatal que reproduce la violencia de las que somos víctimas las mujeres y niñas de este país.

La justicia que Sophie merece no es el aumento de las penas de cárcel ni el restablecimiento de la pena de muerte. La justicia que Sophie y que todas las mujeres merecemos es que nos tomemos radicalmente en serio la lucha contra el patriarcado que el año antepasado le quitó los ojos a Nabila y que este año le quitó la vida a esta pequeña niña.

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