Los problemas de implementación de la Ley de Despenalización del aborto en tres causales

Por Sofía Uribe, Fundación EPES Concepción

Este 23 de marzo se dio a conocer el cambio en el Protocolo de Objeción de Consciencia establecido en el artículo 119 ter del Código Sanitario, el cual está relacionado con las modificaciones establecidas por la denominada “Ley de despenalización del aborto en tres causales”. Estas modificaciones fueron aprobadas por el actual Ministro de Salud, Emilio Santelices, y luego serían respaldadas por la vocera de gobierno quien manifestó que este cambio “no impedirá el cumplimiento de la ley”.

Sin embargo, me pregunto: ¿Realmente no impedirá cumplir la ley de despenalización de aborto en 3 causales, cuando vemos que cada vez se establecen más trabas para que mujeres embarazadas ejerzan su derecho a invocar alguna de las 3 causales?

Primero, tenemos que la objeción de consciencia no sólo la pueden hacer los médicos cirujanos o el personal que desarrolla funciones al interior del pabellón quirúrgico, sino que también los establecimientos de salud que no sean de tipo público. Con el anterior protocolo, a estos establecimientos privados de salud se les impedía recibir recursos del Estado, sin embargo, con las modificaciones del protocolo podrán mantener convenios con el Estado.

La “ética” de estas instituciones privadas sólo importa en situación de interrupción de embarazos, pero no para realizar cobros altísimos por la prestación de servicios producto de la saturación de atención que existe en salud pública como pasa con las famosas “listas de esperas”. Tampoco tienen ética cuando se trata de tener trabajando a torturadores como es el caso de la Clínica INDISA que públicamente ha anunciado que se acogerán como institución objetora de consciencia, mientras en esa misma institución trabaja el médico cirujano Alejandro Forero Álvarez, a quien se le reconoce como partícipe en procesos de tortura en el período de la dictadura cívico-militar (www.memoriaviva.cl) en donde se asesinó y desapareció a muchas personas que aun no se sabe donde están. Otro ejemplo de este doble estándar es la Red de Salud de Universidad Católica, la cual asume institucionalmente la objeción de consciencia, pero no repara en dar atención a un abusador como lo es Fernando Karadima.

Segundo, el protocolo manifiesta que tanto como objetores de consciencia de tipo individual o institucional al momento de negar una atención por estar sujetos al protocolo deben responsabilizarse de buscar una institución y profesional que no sea objetor trasladando a la mujer e incluso pagando el costo del traslado y del proceso en su totalidad. A su vez deben dar la información correspondiente al procedimiento, teniendo en espacios visibles la información pertinente.

Mi consulta es ¿todas las mujeres y en general, las personas, en una situación de emergencia revisarán o exigirán información sobre el proceder si ni los propios centros de salud tienen claro de cómo ejecutar la ley? En ningún momento el MINSAL ha asumido la responsabilidad de realizar campañas informativas sobre la implementación de la ley 20.030 hacia la población, sobre todo en instituciones públicas, ya que han centrado su energía en buscar trabas para la ejecución de la despenalización del aborto en 3 causales. Ejemplo de esto es lo ocurrido en el Hospital de Castro.

Tercero, el instructivo manifiesta que, si el profesional se acogió a la objeción de consciencia, pero la mujer invoca la causal número 1 (peligra la vida de la mujer embarazada) la deben atender sin excusas. Esto nos lleva a las siguientes preguntas: ¿La vida sólo se asocia al funcionamiento del corazón? Pero… ¿la precariedad de condiciones de vida y la precaria educación sexual no son parte del concepto vivir? En este sentido, la precaria educación sexual que tenemos en nuestra sociedad ha sido principalmente porque hasta en lo educativo imponen su visión conservadora incluso su visión religiosa castigadora.

Ante lo expuesto, sólo nos queda insistir en que la despenalización del aborto en 3 causales no es el gran avance que nos quisieron hacer creer, si no que es urgente exigir la despenalización total del aborto, porque es necesario recordar que el Estado chileno es laico y, por ende, debe generar protección para todas y todos quienes habiten el territorio. El Estado debe desarrollar políticas públicas que garanticen el derecho a la salud, a una atención oportuna y de calidad. Por ende, exigir una despenalización total no significa una obligatoriedad, por el contrario, es más bien disminuir las cifras de mortalidad de mujeres que han fallecido en manos de médicos que proceden mal y en espacios no aptos para ser atendidas.

A su vez instamos a organizaciones e individualidades comenzar un proceso informativo sobre las pocas garantías que posee la ley 20.030 y exigir información por parte de instituciones públicas o privadas sobre el protocolo a implementar.

Finalmente, es de esperar que alguna vez la preocupación real sea sobre lo que implica vivir, no sólo reducirlo a respirar y latidos del corazón, sino tener condiciones de vida digna que permitan tener un buen vivir tanto de forma personal como colectiva. Sólo por nombrar: que podamos tener una casa en buenas condiciones que nos proteja en invierno y así no tener tanto niño en urgencias por problemas respiratorios; una educación que nos permita aprender libremente sin censuras ni culpa; atención oportuna y de calidad de salud para no tener a tantas personas que literalmente mueren por una atención médica; que en nuestros trabajos tengamos seguridad laboral y no pensar que si cambia la administración quedaré sin trabajo o sin saber si al mes siguiente seguiremos cumpliendo funciones; respetar nuestros territorios no explotándolos con industria forestal, minera o producción de alimentos a destajo para luego ver tierra seca y sin agua en nuestros ríos; creer en las creencias de nuestros pueblos originarios para que convivamos sin pensar que nuestra cultural los debe dominar acosta de lo que sea; respetar a quienes quieran vivir en este territorio y acompañarles en su proceso de instalación denunciando a quienes se quieren aprovechar de sus situación e involucrarlos en problemas; que las mujeres podamos andar tranquilas por las calles sin temor a ser atacadas.

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